Las personas con algún tipo de discapacidad internadas en prisiones se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, lo que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.
Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.
En el contexto de un proceso penal, la Corte Suprema de Ecuador examinó un recurso de apelación deducido en contra de una sentencia que negó la acción de habeas corpus. El recurrente, imputado por el delito de tráfico de estupefacientes, explicó en su libelo que el tribunal penal decretó la prisión preventiva en su contra […]
Se debe escrutar el sentido y alcance de las normas estatutarias y reglamentarias que rigen a la institución, así los dictámenes de Contraloría que resulten vinculantes.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la decisión de decretar la medida cautelar en contra de una imputada que se encuentra en prisión preventiva por otro proceso.
En la audiencia de formalización la jueza ordenó el ingreso de Contreras Canales a cumplir el régimen cautelar más gravoso, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de 6 meses.
Con el fin de proponer soluciones para las denuncias de vulneraciones al debido proceso de las personas imputadas por hechos sucedidos durante el estallido social, medidas de reparación para las víctimas de abusos por parte de agentes del Estado, como también para aquellos que hayan sufrido daños como personas o en sus bienes.
Tener una sospecha razonable presupone la existencia de hechos o información que satisfagan a un observador objetivo de que la persona imputada puede haber cometido el delito.
«Existe peligro de fuga ya que si quedase en libertad podría intentar sustraerse de la acción de la justicia y tal como expuso el Ministerio Público, incluso pueden existir problemas en cuanto altere o intente alterar la investigación o influir en ella, toda vez que existen dos promesas de compraventa falsificadas que fueron presentadas por él mismo para justificar algunas de las actuaciones mencionadas”, razonó la magistrada
