
Tal indeterminación impide que el denunciado ejerza los derechos respetados a las personas sujetas a procedimientos sancionatorios.
Tal indeterminación impide que el denunciado ejerza los derechos respetados a las personas sujetas a procedimientos sancionatorios.
Agilización en los procedimientos no debe lograrse a costa de los derechos fundamentales de las partes.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
El requirente estima que no permitírsele controvertir una ejecución improcedente, se vulnera el debido proceso.
Al establecer que en contra dicha resolución no procederá recurso, se priva a las partes de sus medios de defensa.
Vulnera el derecho al recurso de los requirentes y, además, carece de una justificación razonable que lo haga plausible en términos constitucionales.
Dada la falta de emplazamiento alegada, la exclusión de la apelación no resulta conciliable con las exigencias de racionalidad y justicia que la Constitución exige en la configuración de los procedimientos.
Requirente estima que infringe la garantía de igualdad ante la ley y su derecho a defensa e impugnar lo resuelto.
La requirente estima que el precepto legal impugnado vulnera la garantía constitucional del debido proceso.
La requirente estima que naturaleza de las medidas cautelares en sede contenciosa administrativa, difieren de las medidas precautorias esencialmente patrimoniales establecidas en el Código de Procedimiento civil.