El Proyecto de Ley de Negociación Justa de Noticias Digitales plantea un mecanismo de reparto equitativo de ingresos entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación. No obstante, el Ministro de Medios y Comunicaciones de Nueva Zelanda, Paul Goldsmith, indicó que el proyecto se encuentra aún en fase de consulta y que se están considerando las aportaciones de los distintos actores del sector.
Estas leyes complementan la AB 730, introducida en 2019, que prohíbe la distribución de «deepfakes» relacionados con candidatos en los 60 días previos a su participación en una boleta electoral. La AB 730 también establece la posibilidad de que los candidatos afectados por deepfakes puedan emprender acciones legales.
La decisión de registrar una iniciativa se basa exclusivamente en un análisis jurídico de su admisibilidad de acuerdo con el Reglamento relativo a la Iniciativa Ciudadana Europea, lo que no implica ningún pronunciamiento sobre las conclusiones legales o políticas que pueda adoptar la Comisión en una fase posterior.
Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto ha sido remitido al Senado de California para su consideración. En caso de ser aprobado por el Senado, el proyecto de ley será enviado al gobernador Gavin Newsom, quien decidirá si procede con su promulgación o veto.
Mediante decreto el Presidente de la República podría convocar a diferentes organismos públicos para que formen una fuerza operativa especial, transitoria y acotada, con personal proveniente de cada institución, que tenga por función detectar, neutralizar, contrarrestar y perseguir judicialmente crimen organizado, al terrorismo y narcotráfico.
Se buscaba dejar sin efecto una excepción al umbral conocido como «Grundmandatsklausel», que exige que los partidos obtengan al menos el 5% de los votos a nivel nacional para obtener representación en el Bundestag. Esta disposición se implementó para evitar la fragmentación parlamentaria y garantizar su funcionalidad. De este modos, partidos políticos más pequeños podrán optar al Bundestag.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano suspender el proceso legislativo, aduciendo que las exenciones propuestas son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El presidente del Consejo de Ministros de Perú calificó esta orden como una “intromisión inusual”.
La ley de 2010 establecía sentencias obligatorias para los reincidentes, eliminando la discreción judicial. La primera condena por un delito calificado de huelga resultaba en una advertencia de huelga; la segunda, en una huelga final; y la tercera, en la imposición de la pena máxima sin posibilidad de libertad condicional, salvo que el tribunal considerara la orden manifiestamente injusta.
Resulta altamente inadecuado que los Senadores autores de la moción hayan elegido fundamentarla con la finalidad de “impedir que el Tribunal pueda poner en riesgo la vida o integridad física o psíquica de testigos, peritos, agentes encubiertos, agentes relevadores e informantes, develando su identidad, cuando las causas estén directamente vinculadas a crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
La nueva política favorecerá a unos 550 presos que cumplen condenas de menos de cuatro años, excluyendo a aquellos condenados por delitos sexuales o de abuso doméstico. La liberación anticipada se gestionará bajo el Reglamento de liberación anticipada de presos y partidarios de víctimas prescritas (Escocia) de 2024.
“Deepfakes son imágenes, vídeos o archivos de sonido, generados mediante inteligencia artificial, de una persona real que han sido editados para crear una representación extremadamente realista pero falsa de ella, haciendo o diciendo algo que en realidad no hizo o dijo”.
