Pretender que sólo se pueda condenar por un delito cuando se cuenta con prueba adicional a la testimonial (imágenes, videos, etc.) supone dejar sin castigo múltiples hipótesis delictivas en las que se tiene la convicción racional y fundada de participación culpable con el conjunto de la prueba testimonial y de otra indiciaria.
El fallo sí da cumplimiento al deber que la recurrente arguye insatisfecho, puesto que, a diferencia de lo que se afirma, indudablemente contiene las razones en virtud de las cuales los jueces concluyeron que el acusado tuvo participación como coautor en el delito de cohecho que da por establecido.
El daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción. Es necesaria la existencia de ese nexo de causalidad, pues de otro modo se estaría atribuyendo a una persona el daño causado por otro o por la cosa de otro.
Se requiere una valoración racional y pormenorizada de cada prueba desahogada en juicio ya que solo así se satisface el “hacerse cargo” de toda la prueba que impone el artículo 297, pues este implica la idea de reflexionar detenidamente sobre algo determinado y concreto como elemento probatorio individual (valoración unitaria) y, además, como un componente más de un todo que se comprende por toda la prueba que se rinde en un juicio (valoración comparativa).
No se trata simplemente de un control horario de precisión o de una medición de minutos sino que de algo mucho más elemental: una cuestión básica de temporalidad, de un “antes”, de un “durante” o de un “después”.
Es poco probable para un tercero reproducir el desarrollo del juicio y cautelar la debida valoración de los medios de prueba con la materialidad de la misma y las conclusiones que de ella se deriven, de acuerdo a los criterios de valoración que impone el artículo 297 del Código Procesal Penal.
No se ponderó prueba válidamente incorporada al juicio que cuestiona el mérito de convicción del funcionario policial.
La labor valorativa fue reservada al sentenciador a quo, quien presencia de manera inmediata la rendición de la prueba.
El requirente alega que la norma legal objetada en atención al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, infringe el derecho a un recurso contra el fallo de un tribunal inferior, consagrado en el artículo 8º Nº2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Excluir el testimonio de personas que han tenido una participación determinante en los hechos puede tener una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de falta de imparcialidad, es un criterio anacrónico y carente de la razonabilidad necesaria para sustentar una restricción que pugna abiertamente con un justo y racional juzgamiento (voto en contra).
El requirente alegó que por no acompañar el receptor judicial la transcripción de la declaración de los testigos dentro del plazo de 10 días, previo apercibimiento se la tuvo por desistida la prueba testimonial, lo que vulnera el debido proceso, la defensa jurídica, la igualdad de armas, entre otras garantías.
