En la medida de lo posible, la publicidad debe adoptar la misma presentación de las clases y gamas que la que figura en la etiqueta energética del horno o de la campana extractora de que se trate. En cualquier caso, si esa presentación no fuera factible, la clase y la gama deben aparecer de manera legible y visible y estar dispuestas de forma que respondan a las exigencias de información del consumidor.

Buscan garantizar el pluralismo de los medios y su independencia frente a las injerencias gubernamentales, políticas y económicas. Se contempla la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, organismo comunitario que cuya finalidad será abordar las problemáticas sobre la materia.

La Undécima Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago, que acogió, con costas, la demanda y le ordenó a Masterfoods dejar de utilizar la frase publicitaria: “ocho de cada 10 gatos prefiere Whiskas” y publicar íntegramente la sentencia en un diario de circulación nacional.

El derecho de acceso a la información se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático.

No parece coherente que si una persona puede reclamar ante los tribunales contra la decisión del CPLT que confirma la denegación que hizo el órgano de la Administración, no pueda hacerlo el órgano administrativo. Afecta el debido proceso en tanto no existe una vía judicial abierta. La decisión del Consejo se resuelve en “única instancia”. No puede acudir a un tercero independiente e imparcial. (Voto por acoger).

Los medios de comunicación deberían abstenerse de difundir de manera imprudente, errante y hasta ultrajante, informes, datos y circunstancias que la involucre y no revisten carácter de interés público, en pos de la protección del interés superior. Existen límites que se deben tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento noticioso de hechos de repercusión pública.

La diputada refirió que la incomodidad que pudiera causar una crítica política no transforma aquellos dichos en injuriosos. Asimismo, adujo que, “(…) decirle a alguien ciego que, en realidad, sí ve, al menos por un ojo, no es, no puede ser, una injuria, pues no se advierte con ello la ofensa o el insulto”.

No surge del recurso ni de las circunstancias del caso una demostración concreta de que el banner ocasione un daño de la intensidad alegada. Así se juzga, considerando que algún medio de difusión debe instrumentarse y el indicado satisface el fin pretendido en el estado inicial del juicio sin afectar irrazonablemente los derechos de la demandada por vía de mecanismos cuyo carácter dañoso no se muestra justificado.

El Tribunal determinó que, si la pieza publicitaria no indicaba en ningún acápite que se trataba de una oferta, debe entenderse que sólo informa respecto del mínimo precio de compra.

La empresa indicó que se trataba de un error involuntario, debido a que la oferta provenía directamente desde España y que era el diario quien ajustaba el tamaño de los textos.