Las detenciones arbitrarias, la intimidación de opositores, los malos tratos bajo custodia y los ataques contra pueblos indígenas son algunos de los abusos destacados en un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El responsable de la ONU de velar por esas garantías pide que se respete el derecho a la participación política.
Históricamente, la definición de los principios del Tratado ha sido competencia del poder judicial y del Tribunal de Waitangi, encargado de investigar violaciones del Tratado. El caso del Consejo Maorí de Nueva Zelanda contra el Fiscal General de 1987 representa una articulación significativa de estos principios, que incluyen la protección activa y la colaboración.
La Corte determinó que el hecho de que el gobierno no haya aumentado los pagos desde 1875 constituye una violación de su deber fiduciario. Por lo tanto, confirmó el deber de negociar una compensación con los grupos anishinaabe.
Estas audiencias abordarán temas relacionados con situaciones de derechos humanos en países miembros de la OEA y a nivel regional.
El título nativo es una figura legal que reconoce los derechos e intereses continuos de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres sobre la tierra y el agua, según la legislación australiana. Este reconocimiento se enmarca en la Ley de Títulos Nativos de 1993, que permite a los pueblos indígenas negociar sobre el uso y manejo de la tierra, así como establecer condiciones para su desarrollo y protección.
El tratado entrará en vigor una vez que 15 partes contratantes lo ratifiquen, estableciendo en el derecho internacional un nuevo requisito de divulgación para los solicitantes de patentes cuyas invenciones se basen en recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales asociados.
Algunas de las temáticas que se abordaron fueron: género, niñeces, adolescencias y juventudes, pueblos originarios, derechos humanos, crisis climática, transición energética, brechas en los derechos de acceso, y violencia contra personas defensoras ambientales en Latinoamérica, entre otras, dando cuenta del interés de la sociedad civil y pueblos originarios por la necesidad de impulsar una implementación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú.
La autoridad certificó a la empresa ejecutora que no estaba obligada a surtir dicho trámite y señaló que la intervención de los municipios en esta clase de proyectos solamente se da en la etapa de ejecución mas no en su formulación y/o aprobación. Estas respuestas, lejos de constituir argumentos constitucionalmente admisibles para negar la procedencia de la consulta, son los motivos de su vulneración.
La reparación declarativa adquiere un tenor único en el contexto de los derechos de los aborígenes y de los tratados porque es un medio por el cual un tribunal puede promover la reconciliación para restaurar la relación entre naciones. La naturaleza no coercitiva de la reparación declarativa puede ayudar a las partes en la disputa a resolver las cuestiones sin un enfoque excesivamente hostil.
El requisito de residencia protege la diferencia indígena, entendida como los intereses relacionados con el legado cultural aborigen, su ocupación y soberanía y la participación aborigen en el proceso del tratado. La reclamación deroga este derecho, con el que está en conflicto irreconciliable; en consecuencia, de conformidad con la sección 25, 15(1) no puede hacerse efectiva.
Tomando en cuenta los antecedentes alegados y el contexto señalado, valorados en su conjunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se halla cumplido y que prima facie los derechos a la vida e integridad personal de las personas de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu se encuentran en grave riesgo.
