Se trata de adultos mayores, quienes, al estar en la cárcel, se incrementa el proceso degenerativo, más aún si muchos de ellos, tras las sucesivas penas que se les han impuesto, terminaran falleciendo en el establecimiento, como fue el caso de un interno, cuya muerte, por cierto, pudo ser evitable, ya que falleció por peritonitis por no haber sido derivado al centro de salud más cercano a pesar de que el pabellón no cuenta con consulta médica de ninguna especialidad.
En la discusión en el Congreso Nacional, no existió referencia alguna a excluir a ese tipo de delitos de la aplicación de la ley de reducción de condena.
No es requisito para postular a la libertad condicional respecto de delitos de lesa humanidad que en la causa haya sido reconocida alguna de las atenuantes de los números 8° o 9° del artículo 11 del Código Penal.
Privar a los reos del contacto de su familia, representa una condena accesoria, inhumana y cruel, vedada por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, alega la parte recurrente.
El máximo Tribunal consideró que no hubo actuar arbitrario al negar el beneficio al no cumplirse con los requisitos exigidos por el Estatuto de Roma para las violaciones a los derechos humanos.
La decisión de amparo dictada por el CPLT se encuentra ajustada a la ley, debidamente fundada, y en consecuencia no adolece de ilegalidad.
El coronel en retiro del Ejército, Jorge Muñoz Pontony, de 83 años, cumple una condena de 15 años en dicho centro penitenciario por un doble homicidio ocurrido el 27 de septiembre de 1973, del que asegura ser inocente. El año pasado envió una carta al Presidente Piñera solicitando ser exiliado a un país donde la eutanasia esté legalizada.
El Decreto Ley N°321 incrementó los requisitos para postular a los beneficios de libertad condicional a los condenados por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Magistratura rechazó el requerimiento deducido para 3 de los oficiales requirentes; acogiendo la inaplicabilidad sólo respecto de uno de ellos, por considerar que, en su caso, se desconocieron los principios de legalidad e indubio pro reo, y se vulneró la igualdad ante la ley.
El máximo Tribunal revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había acogido la acción cautelar, tras establecer que el recurrente no cumple con los requisitos para acceder al beneficio.
El máximo Tribunal acogió parcialmente el recurso y ordenó la entrega sólo de información estadística innominda del penal, pero no los antecedentes personales de los internos.
