El máximo Tribunal resolvió que la correcta interpretación del artículo 113 del DFL Nº1 del año 2005, en relación con los artículos 54 y 59 de la Ley Nº19.880, es considerar al reclamo como una correcta vía de impugnación no sólo del recurso de reposición sino también del recurso jerárquico, en atención al resguardo que se debe procurar de los derechos del administrado.
La empresa estatal impugnó el acto administrativo, acusando que el documento no está firmado por la Ministra de Defensa, y que carece de la motivación suficiente al estar fundado en observaciones imprecisas, vagas, que no se condicen con la realidad y que fueron emitidas en un oficio secreto de Carabineros de Chile, al que la reclamante no tuvo acceso inicialmente.
la Novena Sala del tribunal de alzad estableció que las funciones que ejerce el Presidente de la República son públicas y que tienen interés social, lo que justifica su acceso.
Si la infracción no ha sido subsanada, tampoco es posible realizar la recalificación o rebaja de la sanción.
El plazo de 30 días para reclamar en contra de una resolución de la DGA, debe computarse como plazo administrativo, y una vez ha sido admitido a tramitación por la magistratura, puede aplicarse la regla de los plazos judiciales que considera al día sábado como hábil, resolvió el máximo Tribunal.
La Sexta Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.
El reclamante no fue capaz de acreditar el saldo disponible de la subvención otorgada durante el período 2020, por lo que incumplió con la obligación de rendir cuentas, y debe ser sancionado al tenor de lo establecido en el artículo 76 letra b) de la Ley Nº20.529.
El yerro denunciado por el arbitrio de nulidad formal se sustenta en omisiones relacionadas con la debida motivación del fallo recurrido, mas no con la falta de decisión del asunto controvertido, razona el máximo Tribunal.
El MINIEDUC alega que, a pesar de tratarse de un conflicto de relevancia jurídica, se impide que la decisión del CPLT sea revisada por un órgano jurisdiccional, que pondere las reglas y derechos en juego con mayor distancia e imparcialidad.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la resolución que consideró que los antecedentes solicitados son de carácter público y que su entrega afecte las políticas comerciales de la reclamante, la sociedad farmacéutica Megalabs Chile SA.
La magistratura consideró que la acción cautelar no es idónea para impugnar la orden de demolición, debido a que el recurrente no posee un derecho indubitado, y el acto recurrido debió ser cuestionado por medio de un reclamo de ilegalidad.
