El imputado fue detenido el 20 de julio de 2023, junto a otras personas en un vehículo motorizado en el que se encontraron 2 armas de fuego prohibidas y cuatro armas cortantes, además de placas patentes de otro vehículo.

El artículo 241 del Código Procesal Penal se está refiriendo a la reiteración de hechos similares, parecidos o análogos, pero no necesariamente los mismos que el caso particular que se investiga. La argumentación de tratarse de los mismos hechos no es lo que se desprende de la norma.

El ente persecutor decidió no perseverar por lo que en la causa no ha recaído sobreseimiento definitivo ni sentencia absolutoria. Además, actualmente purga pena por un delito que fue cometido precisamente en la época que cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, lo que interrumpió el curso de una eventual prescripción.

La PDI negó la ocurrencia de los hechos por no contar con registro de que existiera un impedimento para que ingrese al país o que ello haya sido negado, pero no resulta lógico que una particular se vea en la necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia para buscar una solución si los hechos resultaran falsos o no tuvieran al menos algún sustento.

El fallo fija un plazo de 30 días para adoptar medidas que generen condiciones acordes a los tratados internacionales sobre derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la parte recurrida, al decretar la salida del país de la amparada sin que conste una sentencia condenatoria que sustente la expulsión del territorio nacional de la amparada.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al rechazar el beneficio de reducción de pena, debido a la naturaleza del delito por el cual fue condenado el recurrente y a la normativa internacional aplicable a delitos de lesa humanidad.

La apelación se debe conceder en el solo efecto devolutivo, sin que por tanto se suspenda en el intertanto la ejecución de la resolución dictada, informó el recurrido.

La facultad de agrupar investigaciones es privativa del Ministerio Público.

La intervención de los jueces, estuvo ajustada al procedimiento legal correspondiente y la defensa hizo uso del derecho legalmente establecido, de apelar de la resolución que mantuvo la medida cautelar. Ministro Samuel Muñoz previno que no corresponde que una Corte revise lo resuelto por otra Corte de Apelaciones; y constituye una distorsión al sistema jurídico, que se alegue, bajo el pretexto de una acción de amparo, los argumentos de fondo respecto de la revisión de una medida cautelar personal.