El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que impedir el ejercicio del derecho de recurrir de apelación, sin que existan parámetros objetivos y ajustados a la razón, pone a las partes en una situación diferenciada y perjudicial respecto del resto de personas que someten sus conflictos a otros tribunales que no son de policía local, con otros procedimientos y otras competencias legales que contemplan una amplia gama de recursos judiciales que permiten hacer efectivo el derecho a defensa.
Recurso de apelación
Norma que permite sólo apelar en contra de la sentencia definitiva que acoja la oposición del deudor en un procedimiento de liquidación forzada, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Corte de Coyhaique decreta el arresto domiciliario total y arraigo de hermanos imputados por secuestro.
Norma que restringe el recurso de apelación contra resoluciones dictadas por los Juzgados de Garantía, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Norma que impide a la Corte de Apelaciones conceder orden de no innovar en apelaciones de sentencias dictadas en juicios de arrendamiento de predios urbanos, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y de inexcusabilidad, desde que se le impide al tribunal de alzada suspender los efectos de la sentencia definitiva.
Norma que exige consignar la suma total que la sentencia ordena pagar para dar curso al recurso de apelación en el procedimiento de cobranza de cotizaciones previsionales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la tutela judicial efectiva, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica, desde que se le impone una condición económica que obstaculiza su ejercicio, puesto que no cuenta en su patrimonio con la disponibilidad financiera inmediata como para desembolsar en un plazo breve sumas tan elevadas.
Norma que establece que el auto de apertura del juicio oral sólo puede ser apelado por el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, ya que no existe fundamento razonable que permita comprender que sólo al Ministerio Público se le entregue la posibilidad de recurrir una vez que se excluya la prueba por infracción de garantías.
Norma que limita el recurso de apelación en contra de resoluciones de los Juzgados de Policía Local, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica y a un procedimiento racional y justo, ya que impide someter a una segunda revisión la decisión acerca de la incompetencia del tribunal.
Corte de Concepción confirma la prisión preventiva de chofer de bus imputado por homicidios, lesiones y daños, ilícitos cometidos en cruce ferroviario.
La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.
No procede el recurso de apelación en contra de la resolución que dispone el traslado de internos a unidad penal, resuelve Corte de La Serena.
Además, no existe regulación especial sobre la materia, por lo que solo cabe concluir que la determinación del tribunal a quo, al conceder el referido arbitrio, no se ajusta a derecho.
Norma que impide apelar sentencia definitiva dictada por Tribunales Ambientales, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que, la palabra “solo” de la norma impugnada, resulta un obstáculo a la aplicación supletoria de las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.
Decretar el ingreso inmediato a la unidad penal por haberse revocado la pena sustitutiva encontrándose pendiente el plazo para apelar es ilegal, resuelve Corte de Puerto Montt.
Se debe acudir a las normas del Código Procesal Penal, específicamente a su artículo 368, conforme al cual la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, lo cual no se advierte, refiere el voto en contra.
Raúl Torrealba, ex alcalde de la Municipalidad de Vitacura, debe permanecer bajo prisión preventiva por peligro de fuga y constituir un riesgo de peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante una década perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores fuera capaz de frenar su actuar delictual, y al contrario, hizo aprovechamiento de ellas precisamente para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales.
Corte de Valdivia confirma fallo que ordena a concesionaria automotriz indemnizar a clienta en cuyo vehículo no funcionaron los airbag pese al alto impacto de la colisión.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno que, además, condenó a Mazda y la empresa concesionaria a pagar 5 millones de pesos por concepto de reparación o reemplazo de partes defectuosas del vehículo (airbags) y al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM por infracción a la ley del consumidor.