Además, no existe regulación especial sobre la materia, por lo que solo cabe concluir que la determinación del tribunal a quo, al conceder el referido arbitrio, no se ajusta a derecho.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de sus derechos, particularmente el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que, la palabra “solo” de la norma impugnada, resulta un obstáculo a la aplicación supletoria de las normas contenidas en los libros I y II del Código de Procedimiento Civil.
Se debe acudir a las normas del Código Procesal Penal, específicamente a su artículo 368, conforme al cual la apelación se concede en el solo efecto devolutivo, a menos que la ley expresamente señale lo contrario, lo cual no se advierte, refiere el voto en contra.
Durante una década perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores fuera capaz de frenar su actuar delictual, y al contrario, hizo aprovechamiento de ellas precisamente para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales.
La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno que, además, condenó a Mazda y la empresa concesionaria a pagar 5 millones de pesos por concepto de reparación o reemplazo de partes defectuosas del vehículo (airbags) y al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM por infracción a la ley del consumidor.
El derecho a la impugnación de las sentencias -el derecho al recurso-, no implica un derecho a un recurso en concreto, de modo tal que, establecida la posibilidad de revisión, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla. La decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos respecto de las decisiones judiciales constituye una problemática del legislador, no siendo resorte de esta Magistratura alterar o crear recursos nuevos.
Alberto Mayol fue beneficiado con una comisión de estudios para cursar un doctorado en España, no obstante, la recurrida redujo el monto del viático mensual asignado argumentando que con anterioridad el sociólogo habría emitido boletas por dicho ítem, discrepancia que en opinión del máximo Tribunal debe ser conocida por la justicia ordinaria.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, el derecho a un procedimiento racional y justo, en su vertiente del derecho al recurso, entre otras garantía, ya que establece como único legitimado activo del recurso de apelación a la Fiscalía, en desmedro de los demás intervinientes.
Norma que niega recurso de apelación contra resolución que concede medida precautoria en juicios de arrendamiento de predios urbanos, no produce resultados contrarios a la Constitución.
El Tribunal de alzada descartó infracción en el proceso sancionatorio.
