La recurrente sostuvo que la ocupación acusada por el demandante no era ignorada, debido a que el propio actor permitió el ingreso de la demandada al domicilio, por lo tanto, no se cumple con uno de los requisitos de la acción de precario.
El codeudor solicitó no ser condenado al pago solidario, argumentando que sólo se constituyó como aval para asegurar el pago de un pagaré, y no concurrió a la celebración del mutuo que dio origen a dicho documento, lo que fue desestimado por el máximo Tribunal, al observar que la causa de su acto posee una fuente directa con el cumplimiento de la primera obligación contraída, la que no puede ser invalidada por la ausencia de su voluntad en aquel acto.
La recurrente intentó cobrar 8 facturas a la Municipalidad de Lautaro, las que fueron cedidas por una empresa constructora que no prestó los servicios acordados con el municipio, circunstancia que no pudo ser desmentida en juicio por la demandante, que intentó invocar nuevos hechos en sede de casación, situación que fue considerada improcedente por el máximo Tribunal.
El demandante no pudo acreditar los presuntos perjuicios causados por el desistimiento de la expropiación de su predio, pues durante la vigencia del acto pudo acceder a los frutos civiles del inmueble libremente, sin que el desistimiento de la entidad expropiatoria mermara su patrimonio.
La recurrente es la hija de una hija no matrimonial del causante, y en virtud del derecho de representación solicitó la ampliación de la posesión efectiva, sin embargo, la magistratura estimó que previamente debe emplazar a los terceros que se verían afectados por la acción, a fin de que puedan controvertir respecto de los derechos que pudieran verse afectados.
El municipio intentó oponerse a la ejecución acusando un error de hecho en el cálculo de la deuda, sosteniendo que la transacción acordada en materia laboral con el trabajador produjo la convalidación del despido nulo, lo que en la especie no ocurrió porque nunca solucionó los montos previsionales impagos.
El demandado arrendó un furgón de carga por un plazo de 39 meses, sin embargo, no pagó la totalidad de las rentas, argumentando recién en sede de apelación que la deuda estaba saldada, hecho del cual no presentó ninguna prueba y el máximo tribunal estimó como un intento de modificar las circunstancias fácticas asentadas durante el juicio.
La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.
La obligación se encontraba en mora desde el año 2012, y al momento de pactar el crédito, la ley vigente en aquella época permitía el pago de una cuota única anual, por ende, al momento de la notificación a la demandada -5 de diciembre de 2019- tanto la deuda como las acciones de cobro se encontraban prescritas, al transcurrir más de 5 años del plazo señalado en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.
El demandante de oposición no pudo acreditar la posesión material de la porción del predio cuya regularización acusaba, no bastando la mera existencia de una comunidad de herederos respecto del predio, debido a que el demandado pudo acreditar en juicio la posesión que detentaba sobre la hijuela que finalmente regularizó.
