La magistratura hizo lugar a una demanda de indemnización de perjuicios, justificando la existencia de lucro cesante en las conclusiones de un informe de pericial incompleto, transcribiendo su resultado sin efectuar mayor análisis, incurriendo con ello en el vicio de nulidad formal establecido en el artículo 768 Nº5 del Código Adjetivo.
El requirente alegó que los preceptos legales impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y a la no afectación de los derechos constitucionales en su contenido esencial.
El requirente alegó que se establece una limitación arbitraria e irracional a la interposición del recurso de nulidad formal por la sola circunstancia de haberse deducido en una reclamación regida por una ley especial, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
La requirente estima que se configura una limitación arbitraria que transgrede su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
El requirente alega que no puede controvertir una sentencia atentatoria de derechos, lo que vulnera sus garantías constitucionales.
La resolución, desde el punto de vista administrativo, no constituye un acto terminal, ya que no resuelve el fondo del asunto, sino que sólo suspende el procedimiento sancionatorio el que se encuentra supeditado a la ejecución satisfactoria por parte del sumariado del Programa.
El requirente alega que se le imposibilita controvertir la falta de fundamentos de una sentencia, vulnerando sus garantías al debido proceso e igualdad ante la ley.
La noción de “causa grave” como justificación de la solicitud de rendición de cuentas antes del término de la administración del tutor o curador no se encuentra definida en la ley, no obstante tratarse de una acepción utilizada en diversas normas del Código Civil.
El máximo Tribunal consideró que, atendido los usos que la demandante dará a los terrenos de propiedad del Fisco en que inciden las servidumbres concedidas, el monto indemnizatorio propuesto por el informe pericial no resulta íntegramente reparatorio del perjuicio ocasionado.
El máximo Tribunal condenó al Servicio de Salud de Coquimbo por su responsabilidad derivada de falta de servicio, debiendo pagarle a la actora una indemnización por concepto de daño moral y daño emergente.
