Aparece evidente que la sanción accesoria de la Ley N°20.066 impuesta al sentenciado, excedió el marco regulativo del artículo 9° de la ley citada, toda vez que ella permite su imposición, como sanción accesoria de una pena principal impuesta por un delito constitutivo de violencia intrafamiliar, lo que no ocurrió en el caso que se conoce

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, al establecer que el condenado actuó dolosamente.

Contrariamente a lo que supone la causal de la errónea aplicación del derecho, en la especie lo resuelto no ha importado infracción alguna de disposición legal, no ha existido interpretación errónea, no se ha dejado de aplicar en un caso que era procedente ni ha sido aplicada a alguno cuando ello no correspondía.

No debe olvidarse que las víctimas eran dos adultos mayores: de 60 años él y 63 años ella, versus la juventud de los acusados en plena capacidad física y con superioridad de armas, lo que supone una evidente y objetiva desigualdad de fuerzas.

El problema de la sentencia que ha sido impugnada vía recurso de nulidad es insalvable, al no explicarse de modo suficiente la razón por la cual se arriban a conclusiones probatorias respecto de un elemento fundamental del tipo penal, como es la vigencia de la pena accesoria que impedía al acusado acercarse a la víctima.

La pena de suspensión de licencia de conducir de cinco años impuesta resulta improcedente, porque es una pena que no está prevista bajo la hipótesis fáctica que se tuvo por establecida, contrariando, además, las especiales reglas de limitación de pena ante la admisión de responsabilidad dentro del procedimiento simplificado.

No obstante lo anterior, los jueces del grado realizaron una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, valorando todos los medios de prueba que les fueron presentados, de acuerdo a lo que al efecto prescribe el artículo 297 del código citado, apreciando la prueba sin contradecir los principios de la lógica y el de la razón suficiente, como se ha pretendido por el recurrente.

La recurrente reproduce, a su entender, los dichos vertidos por la víctima en el juicio, y solicita que los audios del juicio se tengan por incorporados como elementos a sopesar por esta Corte de Apelaciones, pero no los incorpora como medios de prueba para el recurso de nulidad, y no fueron incorporados en dicha calidad en este recurso.

La conducta delictiva merece respuesta penal cuando el delincuente da principio a la ejecución del crimen o simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento.

Todo aquello que en la sentencia signifique una sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no pudieron expedir, cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio de congruencia.