Es posible que los magistrados del grado prefieran una prueba por sobre otra, pero para dotarlo de contenido, es necesario que los antecedentes que hacen descartar un supuesto deben ser al menos concordantes entre sí.
Sólo se alega que se prestó declaración, sin entregar alguna información relevante entregada en concreto.
La actitud nerviosa del acusado, se le “trababa la lengua al hablar y le tiritaban las manos”, dio muestras a Carabineros que se encontraba realizando alguna actividad sospechosa, por lo que el control vehicular mutó a uno de identidad y registro, resultando en que el imputado portaba marihuana y pasta base de cocaína, sustancias listas para ser comercializadas.
Aun estimando que ese vínculo de confianza entre la víctima de esta causa y el acusado era inexistente y, por ende, mal podía abusarse del mismo -cosa distinta respecto de la coacusada-, lo cierto es que incluso de haberse cometido el yerro denunciado, el mismo carece de influencia en lo dispositivo del fallo, extremo sin el cual la causal de nulidad deducida no puede prosperar.
El ente rector del balompié nacional vulneró la imagen, integridad psíquica, y libertad del trabajo del ex árbitro, al adoptar medidas que hicieron suponer malos tratos hacia el funcionario luego de darse a conocer una serie de reclamos del sindicato de árbitros de fútbol local, por presuntos actos de corrupción de Castrilli.
Los acusados integraban una peligrosa red criminal que fue sorprendida con más de 2 toneladas de cocaína, la que ocultaban en contenedores y tanques industriales para su transporte y comercialización dentro y fuera del país.
La Décima Sala del tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó con costas el reclamo interpuesto por la AFP.
La conducta del sentenciado efectivamente contraviene lo ordenado para este caso en la Ley 17.798, sobre Control de Armas, en cuanto el sentenciado estaba en posesión o tenencia de un arma de fuego sin contar con la autorización para ello.
El acusado pudo utilizar dicho palo para golpear a los agresores de su amigo en otras partes del cuerpo de manera de asegurar el término de la supuesta agresión de la que éste era víctima, por lo que no hubo proporcionalidad.
El legislador dejó al criterio del Ministerio Público la invocación de tal atenuante, por razones de política criminal, dado que es la entidad llamada a dirigir en forma exclusiva la persecución criminal, por mandato constitucional
