El acusado intentó anular la suspensión de la licencia de conducir por el plazo de dos años, por el delito de manejo en estado de ebriedad, acusando no poseer el documento a la fecha de los hechos, y que el castigo accesorio sería una infracción al principio non bis in ídem. La Corte Suprema desestimó el argumento, al considerar que el juez no posee la facultad de separar la pena accesoria de la principal, por mandato expreso de los artículos 196 y 209 de la Ley Nº18.290.

El fallo no consideró que el conductor ya se había sometido a la prueba respiratoria que llevó a determinar su estado de ebriedad y que de acuerdo al artículo 195 bis de la ley 18.290 existe más de una prueba para determinar la presencia de alcohol en la sangre.

La única acción que se imputa al condenado es empujar la motocicleta que era dirigida por quien la sustrajo por lo que dicha acción bajo ningún respecto puede ser considerada posesión o tenencia de la especie, ni menos permite afirmar que aquel tenía el dominio de la acción en cuestión.

De lo que se trata con este imperativo es posibilitar la inteligencia intersubjetiva de la decisión judicial a fin de garantizar -como dice Luigi Ferrajoli- «la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio».

El acusado sólo tuvo acceso a la parte resolutiva del fallo que lo condenó por el delito de amenazas a Carabinero en servicio, desconociendo los motivos que el tribunal tuvo presente para fundamentar el castigo, por lo tanto, el incumplimiento del deber de dar a conocer íntegramente la sentencia por escrito vulneró el derecho a recurso del encartado.

El tipo penal del artículo 3 de la Ley Nº20.000 no exige pureza en una parte específica de la planta, sino la existencia del principio activo de la cannabis sin importar la cantidad incautada, ya que aquella sustancia es la que permite considerar a la especie vegetal como atentatoria contra la salud pública.

El acusado intentó anular la condena al sostener que no se tuvo presente el examen de pureza de la cannabis incautada -que fue encontrada al interior de un recinto penal-, argumento que fue desechado por la magistratura al estimar que dicho examen sirve para diferenciar si el encartado es consumidor o traficante, defensa que no se invocó en la especie.

El acusado intentó revertir la condena indicando que los agentes policiales no lo vieron manipular el arma en público, sino “guardar un objeto en la guantera de un vehículo”, acto neutro que no es indicio para efectuar un control de identidad, no obstante, la magistratura sostuvo que dicho acto fue apreciado por los funcionarios en el contexto de una denuncia anónima que identificó al imputado, el vehículo en el que se encontraba, y el lugar en que amedrentaba a los transeúntes con el arma.

El juez a quo, realiza exigencias normativas para configurar el tipo penal que no fue objeto del requerimiento.

El testigo de oídas no resulta ser propiamente una prueba, pues solo es una prueba de la prueba de los hechos imputados a un acusado.