El Tribunal de alzada descartó error en la apreciación de la prueba y en los hechos establecidos por en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que condenó al dueño de predio a pagar una indemnización de $40.000.000 por concepto de daño moral, al trabajador accidentado. 

Si bien el tribunal aplicó la agravante lo cierto es que la pena impuesta se encuentra precisamente dentro del referido mínimum, por lo que la agravante no fue determinante en la sanción aplicable.

Es bastante evidente que lo cuestionado apunta, más que a una vulneración de las reglas de la sana critica, a una valoración paralela de la defensa de los antecedentes de la causa.

El Tribunal Oral de Linares otorgó sólo dos días al letrado para preparar la defensa del acusado en un Juicio Oral ya iniciado y de carácter complejo, en el que se investigaban once hechos delictivos cometidos por una banda criminal, siendo materialmente imposible conocer en tan breve tiempo todos los antecedentes del caso para preparar una adecuada asistencia jurídica.

El acusado manejaba su camioneta en estado de ebriedad -1,83 gramos de alcohol en sangre-, cuando efectuó una maniobra de adelanto imprudente e impactó de frente al vehículo en que las víctimas se desplazaban.

El tribunal a quo incurrió en error de derecho al imponer una pena del tramo superior al que legalmente corresponde, respecto de la acusada, a quien –además- se le reconocieron dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, de forma tal que, se le debió aplicar la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, en su mínimo.

La policía detuvo al imputado luego de recibir una denuncia anónima que describía como vestía y el lugar donde se encontraba -supuestamente- vendiendo drogas. No obstante, los agentes no registraron la identidad del denunciante, y no acreditaron observar una conducta sospechosa que les hiciera suponer que el acusado hubiera cometido -o se dispusiera cometer- el delito denunciado, por lo que el control y posterior detención fue declarado ilegal.

La agravante establecida por el legislador en la letra h) del artículo 19 de la Ley Nº20.000 tiene su fundamento en los perniciosos efectos que produce el tráfico de drogas en los recintos penitenciarios, especialmente la afectación de la salud de la población penal, el favorecimiento de la corrupción, y las dificultades que genera en la disciplina penitenciaria.

Atribuir una contravención al principio de no contradicción, por estimar que el tribunal yerra al utilizar los términos “la prueba resultó del todo insuficiente”, para luego indicar el mismo tribunal en párrafo siguiente “no se rindió ninguna prueba”, no es más que un argumento forzado por parte del recurrente.

Pareciera que el impugnante confunde lo que ocurre en el procedimiento penal ordinario, con lo que ocurre en procedimientos especiales, tal como se establece en el artículo 395 para el caso del juicio simplificado, o en el caso del artículo 412 relativo al procedimiento abreviado.