Si una prueba es débil, el grado de confirmación (o probabilidad) que atribuye a la hipótesis, no puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba con la hipótesis.

El acusado y otros detenidos formaban parte de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, y pese a no ser incluido inicialmente en la acusación, el Ministerio Público enmendó dicho error, lo cual no infringe las garantías procesales del acusado, ya que su defensa en todo momento tuvo acceso a la investigación para preparar el juicio oral.

La celeridad en los procesos orales no es óbice para sólo dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, pues aquello vulnera el debido proceso del acusado al privársele de conocer los fundamentos de su condena.

Dar a conocer sólo la parte resolutiva de su decisión, vulnera el derecho de la acusada a conocer los fundamentos del fallo que la condena, según establece el artículo 396 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 39 del mismo texto.

El retardo en la entrega de la evidencia conlleva una sanción al funcionario infractor, pero no implica la invalidación de la cadena de custodia. Asimismo, un error de tipeo en la cantidad de contenedores de marihuana incautados no puede ser estimado como una infracción al debido proceso, pues no desvirtúa la comisión del ilícito de tráfico de drogas por el que fue condenado el acusado.

La ausencia de antecedentes médicos o peritajes respecto de las autoagresiones o del daño asociado a vulneración de índole sexual, no impide su establecimiento por otros medios idóneos.

No puede excusarse de aplicar la ley, por estricta que parezca, dado que ese tipo de consideraciones obedecen a razones de política criminal, que corresponden al legislador.

La calidad de funcionario público es incomunicable al resto de los participantes, y debido a que el tribunal de base no recalificó los hechos como estafa común, el acusado debe ser absuelto en aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, pues solo se puede emitir condena respecto de un individuo únicamente por la calificación jurídica hecha en la acusación.

Considerar dos atenuantes sustentadas en los mismos hechos infringe al principio del non bis in idem, refiere el voto en contra.

El máximo Tribunal estimó que el ingreso del personal policial al domicilio de la condenada, para levantar evidencia incriminatoria, no vulneró el debido proceso, debido a que los agentes actuaron amparados bajo la facultad de realizar actos autónomos que les reconoce el articulo 83 y siguientes del Código Procesal Penal.