El actor notó la presencia de los agentes en el sector por el cual circulaba, y se desprendió de una bolsa de género negra, la que contenía más de setenta papelillos de pasta base. Al momento de su detención el imputado se resistió al arresto mordiendo a uno de los policías, causándole lesiones.

El acusado huyó al notar la presencia policial en el sector por el que transitaba, y los funcionarios al dar alcance al actor notaron que en su cinto portaba un objeto extraño, por lo que registraron al imputado y verificaron que portaba un revolver sin el permiso respectivo.

Constituye una mayor peligrosidad en su actuar con absoluto desprecio a la vida de las personas que en ese momento circulaban por el sector de la colisión, por cuanto era una persona de 77 años que transitaba por la vereda.

El acusado alegó que la autorización de esta técnica recaía en funcionarios de la PDI, pero de las pruebas acompañadas por el Ministerio Público, como del testimonio de los funcionarios que participaron en el procedimiento, no quedan dudas que la unidad especializada de Carabineros era la autorizada para efectuar los actos tendientes a la detención del actor.

Funcionarios observaron al acusado escondiendo entre sus ropas un arma de fuego, y el actor al percatarse de la presencia policial, huyó al interior de su domicilio, lugar donde fue detenido y se decomisaron más de 40 papelillos de pasta base de cocaína listos para su comercialización.

La prueba de campo efectuada al momento de incautar la droga, dio cuenta de la existencia del principio activo de la sustancia que es considerada nociva para la salud en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº20.000.

El Diccionario de la Real Academia Española define “edificio” en los siguientes términos: “Construcción estable hecha de materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos.”

La imprecisión del recurso impidió comprender el perjuicio que se reclamaba y vislumbrar cuales eran sus peticiones concretas.

El artículo 25 de la Ley Nº20.000 no hace incompatible estas funciones, las que a juicio del máximo Tribunal son necesarias para la manifestación de la actividad de tráfico de drogas, y de esta forma poder incautar las sustancias ilícitas y detener a los involucrados.

Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.