Carabineros debe velar por el cumplimiento de la Ley de tránsito, y al observar una infracción a dicha norma, se encuentran facultados para efectuar un control vehicular. Asimismo, el hedor a químicos percibido por los funcionarios al interior del automóvil, es una circunstancia objetiva que habilita el control de identidad y registro de los pasajeros.

Lo que alegó el recurrente es que se ponderen antecedentes o circunstancias que habrían llevado a estimar como muy calificada la atenuante reconocida para rebajar la pena, pero ello no proceden atendida la causal de nulidad invocada por corresponder a otra causal de nulidad, toda vez que mediante la alegada se aceptan los hechos, los cuales no fueron discutidos.

Resulta paradójico que el tribunal baja un grado y posteriormente aumenta un grado, otorgándole a la agravante de reincidencia específica un efecto que el artículo 449 N°2 no le confiere.

Esto es así, debido a la antijuricidad material de ambos ilícitos, que buscan complementarse para configurar el peligro previsto por el legislador, por consiguiente, no se puede castigar ambos hechos de forma separada.

El contrato de trabajo debe contener la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato podrá señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, exigencia no cumplida, lo que motivó la sanción de multas.

En la especie, los funcionarios fiscalizaron a un tercero que acababa de salir de la casa del imputado luego de una venta de drogas, motivo que autorizó el ingreso al lugar al verificar la comisión de un delito, en razón de los artículos 129, 130, y 206 del Código Procesal Penal.

El imputado denunció ser la víctima de un robo con violencia ocurrido al interior de su casa, por lo que autorizó el ingreso del personal policial al lugar, quienes al registrar el inmueble encontraron un arma de fuego sin que el actor pudiera acreditar el permiso para su tenencia.

La requirente estima que las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones son desproporcionadas.

El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.

El recurrente expuso argumentos genéricos sin puntualizar de forma concreta como se habría vulnerado el debido proceso, motivo por el cual, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio quedando a firma la condena impuesta.