La declaración permitió esclarecer un robo ocurrido al interior de un inmueble en la ciudad de Arica, y fue efectuada de forma voluntaria por el particular, quien posteriormente también sería procesado por su participación en el hecho.
No hay elementos de contradicción entre las declaraciones analizadas, los antecedentes documentales y periciales que permiten configuran los hechos y circunstancias que establece la sentenciadora.
El precepto legal impugnado no garantiza un procedimiento racional y justo y no se condice con la garantía del debido proceso.
Imputado condenado por delitos de homicidio en grado consumado y frustrado, pretendió eximirse de la condena invocando errores en el tipeo de la sentencia y un cambio de calificación jurídica sin discusión previa que, en la especie, le beneficiaba.
Al efectuar un control de identidad en el que el particular ya había exhibido su cédula de identidad, el imputado rehusó devolver el documento y por medio de la fuerza traslado a la comisaría a la víctima sin motivo justificado, causando lesiones al detenido.
El recurrente no puede pretender que la ausencia de un examen de pureza más detallado que el realizado al momento de incautar la marihuana, haga cambiar la naturaleza de la sustancia por otra que no sea ilegal.
El recurrente tuvo un año de plazo para preparar a su testigo y prever la forma en que éste prestara declaración en juicio, por lo que no procede acusar infracción al debido proceso aduciendo que la plataforma zoom no permite un correcto examen del deponente.
Tribunal condenó a los imputados a pesar de que Fiscalía solicitó la absolución.
El juez excluyó el relato de un testigo de oídas que resultaba incriminatorio para el recurrente, por lo que dicho testimonio no afectó la convicción del tribunal ni los derechos fundamentales del imputado.
El tribunal de base no consideró un acta de conciliación suscrita entre las partes luego de la audiencia preparatoria y antes de la audiencia de juicio, en circunstancias que el Código del Trabajo permite aplicar supletoriamente las reglas del Libro II del Código de Procedimiento Civil.
