El Tribunal de alzada descartó vulneración al principio de inmediación en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda y, consecuencialmente, mantuvo las multas reclamadas. 

El acusado asaltó a dos personas en la comuna de Quinta Normal, llevándose como botín sus teléfonos celulares. Las víctimas denunciaron el hecho a Carabineros, quienes, utilizando el GPS de ambos dispositivos, concurrieron al domicilio del acusado, actuación que se encuentra amparada por la flagrancia de los delitos y el concepto de “auxilio” a la víctima que indica el artículo 83 del Código Procesal Penal.

El máximo Tribunal sostuvo que no procede condenar al recurrente, por el mero hecho de ser encontrado en un domicilio ajeno, a punto de consumir estupefacientes que no eran de su propiedad, además, al allanar el domicilio del encartado, no se encontraron elementos que lo liguen a ninguna actividad de tráfico ilícito de droga.

El máximo Tribunal estimó que el retardo en la diligencia constituye una infracción administrativa para el funcionario responsable por el incumplimiento, pero ello no puede ser invocado como una causal de nulidad por infracción al debido proceso, pues no afecta sustantivamente a la cadena de custodia.

En la sentencia no se establecieron los hechos que se tuvo por probados ni la calificación jurídica de los mismos, esto es, la sentencia impugnada adolece absolutamente de fundamento y, evidentemente, se encuentra muy ajena al principio de la razón suficiente, lo que se evidencia ante el nulo ejercicio intelectual para desarrollar un análisis lógico, de todos los elementos que son necesarios, para emitir una decisión de condena.

El acusado trató de despojarse de una mochila al observar a los agentes, los que alertados por el gesto controlaron su identidad, percatándose que el imputado mantenía una orden de detención pendiente, y, además, al interior de la mochila se encontraron papelillos con cocaína, dinero en efectivo, y una balanza digital.

El acusado viajaba como copiloto en un vehículo que fue controlado por circular con sus vidrios polarizados, y al solicitar su cédula de identidad, los agentes observaron que a sus pies el encartado trató de esconder una pistola de fogueo modificada para disparar munición real, indicio que transformó la diligencia a un control investigativo.

La magistratura estimó que el mero reconocimiento del acusado al sostener que las cosas incautadas por los aprehensores “eran suyas”, no basta para dar por establecida la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal, pues la colaboración prestada -para efecto de atenuar la pena- debe ser de tal entidad que esclarezca la comisión del hecho mediante los antecedentes aportados, lo que no ocurrió en este caso.

El legislador no puede castigar cualesquiera conductas, sino solamente aquellas que lesionan o pongan en peligro bienes jurídicos. La sola calificación de un delito como de peligro abstracto no implica que no deba verificarse si el hecho cuya tipicidad se examina tuvo al menos la posibilidad de significar, en la realidad, un riesgo para el objeto jurídico tutelado.

El recurso de nulidad es un arbitrio de derecho estricto, lo que implica que no solo debe ser clara y precisa la descripción de los supuestos fácticos en que se funda, sino que también lo debe ser en cuanto al sustento jurídico normativo en que se apoya, todo lo que debe tener la debida coherencia con la petición que somete a decisión de la Corte.