La autorización judicial puede ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo, sin perjuicio de la constancia posterior en el registro correspondiente.
En la especie, recurrente era parte de una asociación ilícita que se dedicaba a internar diversos tipos de drogas al interior de la cárcel de Talca entre los años 2017 a 2018.
Testimonio de funcionario del OS7 que realizó compra de droga a la recurrente y autorización del Ministerio Público para el uso de agente revelador, son antecedentes suficientes para que el ingreso y registro al domicilio de la imputada fuera autorizado.
Recurrente alegó vulneraciones al debido proceso y principios de oralidad e inmediación al efectuarse el juicio en modalidad telemática, argumentos considerados insuficientes a juicio del máximo Tribunal.
Funcionarios no vulneraron el debido proceso al ingresar con permiso del dueño al domicilio indicado por el recurrente como lugar de acopio de las especies ilegales.
Petición del recurrente de considerar de forma muy calificada la circunstancia del artículo 11 N°6 del Código Penal en razón de su edad, no procede, pues, en la especie, le perjudica la agravante del artículo 12 N°7 de la misma norma.
De lo contrario, se constriñe la garantía del debido proceso afectando el derecho de defensa.
En el contexto de delito flagrante tales actuaciones están amparadas por la letra d) del artículo 183 del Código Procesal Penal.
La infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la empresa pagar el incremento del 30% de la indemnización por años de servicios a la trabajadora.
