La defensa pudo preparar el contrainterrogatorio, al saber en todo momento que tales funcionarios fueron parte del procedimiento policial.
El fallo impugnado estableció que la carta redactada por el abogado de la empresa fue firmada por la trabajadora, pensando que estaba firmando solo su renuncia al cargo de secretaria del sindicato al que pertenecía.
La regla del artículo 449 del Código Penal no lo permite, por lo que la pena más benévola para el condenado se computa en atención al artículo 351 del Código Procesal Penal.
El defecto que se denuncia no fue determinante, toda vez que los funcionarios policiales estaban informados de la actividad ilícita que desarrollaba el acusado, lo habían visto realizar movimientos de tierra ese mismo día y habían sido informados por el coimputado sobre el delito.
La medida reparatoria no permite obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales.
Si a los policías les pareció sospechoso el objeto que sacó de la mochila, esto no justificaba su actuación subsiguiente, ya que la ley no se conforma con una sospecha, sino que exige un indicio o presunción.
Carabineros de Chile ejerció legítimamente y de buena fe las atribuciones que les otorga la ley para actuar sin orden judicial.
La exigencia del debido proceso supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución, lo que en el caso no se acató.
La doctrina ha sostenido que la violencia supone el empleo efectivo de fuerza física dirigida a una persona de manera inmediata, siendo la razón de ser de la calificante el debilitamiento de la defensa privada.
Al encontrarse los policías en el escenario contemplado en el artículo 85 del Código Procesal Penal, estaban habilitados para efectuar la fiscalización, que luego dio lugar a la detención.
