Al descubrir que el vehículo controlado tiene encargo por robo, los agentes policiales estaban facultados para la detención del acusado, atendido su deber de supervigilar la Ley del Tránsito.
Si bien es cierto que la celeridad en los procedimientos simplificados debe primar, ello no supone desatender el derecho que tienen los intervinientes de recibir una copia íntegra y legible de la sentencia.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos que buscaban dejar sin efecto la resolución dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, el 3 de noviembre pasado.
El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda y ordenó a la recurrente y subsidiariamente a la empresa Ekono Limitada, pagar las indemnizaciones y prestaciones adeudadas al trabajador.
El solo registro de la parte resolutiva de las sentencias no permite asegurar los derechos que asisten a los intervinientes en el proceso penal, y tampoco respeta sus garantías constitucionales.
Vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y un procedimiento racional y justo.
Ante el ataque del agresor, la defensa del imputado fue racionalmente adecuada, ya que no tenía en ese momento y en las circunstancias en que se desarrollaban los hechos, otra forma de proteger su vida.
El concejal Karim Chahuán Cerna, fue imputado por la incitación a participar en un saqueo que se estaba realizando, el 29 de octubre de 2019, en el Mall Open la Calera, en un acto delictual en el marco del llamado “estallido social”, lo que se pudo determinar porque el llamado se hizo con el teléfono de cargo municipal.
Aún cuando los policías hayan estimado que lo realizado fue un control de identidad, lo sustancial es que los hechos se encuadran en una situación de flagrancia.
Si bien el sistema procesal penal adoptó el criterio de la libre convicción, las conclusiones a que lleguen los jueces deben ser fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.
