Los hechos ocurrieron en el hotel arrendado por la recurrente para el período de descanso de sus dependientes.
El tribunal a quo determinó la afectación de la integridad física y psíquica de la actora durante la vigencia de la relación laboral.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 7 de noviembre de 2020 por el Juzgado de Letras de Ancud, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios y condenó a la empresa a pagar $15.000.000 por daño moral, con los reajustes e intereses que indica, más el pago de las costas del juicio.
Con independencia de las formas contractuales, en la realidad material existía un régimen de subcontratación.
El máximo Tribunal estableció que los hechos que el Juzgado de Garantía de Iquique dio por probados, en procedimiento simplificado, no satisfacen los requisitos para configurar el delito de poner en peligro la salud pública, ya sea en forma concreta o hipotética.
El Tribunal de alzada descartó infracción en el fallo que acogió la presentación del sindicato de la empresa Diálisis Colina SA y en contra, además, de Diaverum Servicios Renales Ltda., Centro Médico de Diálisis Diaseal SA, Diálisis Colina SA, Diálisis Norte SA, Servicios Médicos Horizonte SA Melipilla y Servicios Médicos Horizonte S.A. Talagante.
El Tribunal de alzada consideró que carece de fundamento el recurso enderezado en contra de la valoración de la prueba que realizó en la especie, el tribunal de primera instancia.
El arbitrio no planteó adecuadamente las peticiones concretas sometidas al tribunal de Alzada.
El actor se desempeñaba como auxiliar de personal y registratura.
El Tribuna de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que estableció la falta de pruebas para acreditar la ocurrencia del delito y, por ende, la responsabilidad atribuida al acusado en los hechos.
