El actuar de los funcionarios policiales se ajustó a derecho, toda vez que obraron en virtud de una denuncia revestida de seriedad y verosimilitud que entregó detalles precisos sobre la comisión de un delito.
El recurrente pretendió que el Tribunal de alzada valorara nuevamente la prueba incorporada al juicio.
El recurrente solicitó la dictación de una sentencia de reemplazo en los mismos términos de la sentencia impugnada.
La sentenciadora de base erró al estimar que se trataba de un contrato bajo condición.
Los actores se desempeñaban como operarios de producción.
El Tribunal de alzada determinó que el inciso segundo del artículo 87 del Estatuto Docente se refiere exclusivamente a los profesores.
La recurrente no logró acreditar la gravedad de los hechos en que fundó el despido.
La supuesta agresión de las víctimas no altera la validez ni la legitimidad del procedimiento. Solo asiste al acusado el derecho a perseguir la responsabilidad de quien resulte responsable de los daños.
La defensa tuvo conocimiento de todas las diligencias investigativas realizadas por la policía y las impugnó en la audiencia de juicio oral, por lo que no se configura una causal de indefensión que logre viciar el procedimiento.
El tribunal de base estimó que el no pago de las cotizaciones previsionales por los períodos que indica no revestía la gravedad suficiente para justificar el despido indirecto ejercido por el actor.
