Recurrentes denuncian que atenta contra la libertad de opinión e información de quienes operan en redes sociales, contraviene la igualdad ante la ley, puede transformarse en una comisión especial, imponer censura previa, entre otros cuestionamientos.
La recurrente no menciona hechos constitutivos de afectación a derechos fundamentales y, además, la situación descrita se encuentra bajo el amparo del derecho.
El CBR consideró que es necesaria previamente la liquidación de la sociedad conyugal con su exmujer.
El conflicto planteado no puede ser dilucidado mediante una acción de naturaleza cautelar como lo es el recurso de protección.
La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.
Tal decisión se encuentra en el ámbito de competencia del DGMN, en virtud de la Ley 17.798 y del Decreto Reglamentario N°83 del Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual los Tribunales de Justicia no pueden inmiscuirse en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Se trata de un conflicto contractual que debe ser discutido en un procedimiento de lato conocimiento.
No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.
Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.
La acción de protección no es de carácter popular y tampoco se mencionan hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales previstas en el artículo 20 de la Constitución.
Se trata de una controversia que debe ser debatida en un juicio de lato conocimiento cuyas garantías procesales son mayores que las de un procedimiento de naturaleza cautelar como el del recurso de protección.
