Resolvió que no existe arbitrariedad en el actuar de la empresa que, tras recibir denuncias de sus trabajadores, inició diligencias investigativas bajo la supervisión de la Comisión Código de Conducta, órgano que se encontraría facultado para recopilar antecedentes y entrevistar a funcionarios según el Reglamento Interno.

Concluyó que la acción cautelar no es procedente en el caso sub lite, ya que no se acreditó de manera indubitada el cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento laboral solicitado, lo que impidió amparar el beneficio académico reclamado.

El máximo Tribunal resolvió que la acción cautelar no es la vía idónea para conocer los antecedentes a que se refiere el caso, pues, existiendo posiciones antagónicas tal discusión jurídica no puede ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, toda vez que, no se está en presencia de derechos preexistentes e indubitados.

Si bien los fundamentos no constan materialmente en el documento que contiene la decisión, estos se consignan en un acta adjunta a la notificación efectuada a la actora y, por lo tanto, fueron puestos en su conocimiento, especificándose que el único motivo por el cual no fueron indicados directamente en el mismo acto administrativo, es el carácter reservado de dichos antecedentes.

El máximo Tribunal resolvió que no existe ilegalidad y/o arbitrariedad en el acto que motiva el recurso, ya que la recurrente no presentó información fidedigna, sino que por el contrario, intentó sorprender al sistema presentando información no fidedigna, por tanto, correspondía la aplicación de una sanción.

La conducta antirreglamentaria de un alumno, pese a las múltiples advertencias recibidas y a la suscripción de una carta de compromiso, es suficiente elemento diferenciador para descartar la arbitrariedad de la institución educativa recurrida.

El máximo Tribunal declaró que la acción impetrada no puede tener éxito, dado que la actuación reprochada a la autoridad no constituye un acto terminal que permita evaluar en este momento la existencia de arbitrariedad o ilegalidad que implique una vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el recurrente.

La autonomía universitaria dota a los planteles de educación superiores de un poder resolutivo en todo lo que se relaciona con el quehacer interno universitario, tanto en el ámbito académico, económico como administrativo.

La campaña de inmunización se configura como una medida sanitaria que obedece a criterios técnicos de salud pública, y respecto de los cuales no es vinculante la autorización desde el punto de vista farmacéutico (ISP recomendó vacunación a dicho rango etario), cuyo mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia están radicados en la autoridad de salud.

Tal caso corresponde ser discutido y resuelto en un procedimiento de lato conocimiento con las garantías procesales pertinentes (excepciones, prueba y recursos).