La Primera Sala del tribunal de alzadadesestimó la vulneración de garantías constitucionales denunciadas por residentes de los sectores Santa Rosa y La Ponderosa de Arica.
El Estado y sus organismos dependientes deben eliminar toda barrera que obstaculice el acceso a un adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y tienen la obligación de realizar los ajustes razonables que sean necesarios para tal objeto.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional impetrada, tras constatar el actuar ilegal, arbitrario y discriminatorio de la recurrida.
Se ha procedido de la forma prevista por la normativa legal atingente al caso, decisiones y respuestas que han emanado de la autoridad competente, incluso de la propia Directora Nacional del servicio recurrido y todas debidamente fundamentadas.
La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, al no ser recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia que, además, se encuentra sometida al conocimiento de la entidad pertinente, la Superintendencia de Educación.
La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó el actuar ilegal o arbitrario del municipio al proceder al mantenimiento de las especies arbóreas plantadas en la vía pública.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la asociación gremial al expulsar al profesional con vulneración de las garantías procesales de un debido proceso.
El actuar de la recurrida no fue arbitrario, desde que éste se basó en la gravedad de las conductas desplegadas por las hijas de la recurrente, las que además no han sido controvertidas por ellas.
Es una decisión que debe ser calificada de arbitraria toda vez que no existe causa legal alguna que ampare hacer una diferencia entre egresados que presentan deuda y aquellos que no la tienen.
La conducta de la Superintendencia deviene en arbitraria tanto por no especificar los fundamentos técnicos de su determinación acorde a los antecedentes acompañados, cuanto por no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.
