La recurrida actuó dentro de sus facultades, previa constatación de los hechos por la Policía de Investigaciones, sin que la empresa haya solicitado la reconsideración de la multa aplicada.
El proceder de la institución recurrida implicó el desempeño de una facultad de forma simplemente potestativa.
El actor no tiene un derecho indubitado a permanecer en la quina.
La medida disciplinaria aplicada al actor fue ejercida dentro de las competencias y facultades reglamentarias que le asisten a la institución.
La pretensión de la recurrente no reviste las características de un derecho indubitado susceptible de ser amparado por esta vía cautelar de emergencia.
La acción cautelar de urgencia no constituye una instancia de declaración de derechos.
La acción de protección tiene un propósito de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.
A contar del término de la prórroga de la suplencia, la recurrente debía volver a ejercer las funciones de la plaza de la que es titular, gozando de las remuneraciones de este último cargo.
El recurrido sostuvo que los descuentos se basaron en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N°18.834, siendo innecesario un procedimiento disciplinario.
La judicatura no cuenta con los debidos conocimientos para determinar el momento en que debe darse la correspondiente alta médica.
