La actora pretendía el pago total de la asignación, como si se tratara de una destinación hacia la base antártica, en circunstancias que la comisión de servicio estaba proyectada para una duración de seis días, por ende, el recurrido no actuó con ilegalidad.

No es CONADI la que define a cuáles de los miembros de una comunidad indígena se asignan derechos en el marco de una compra en copropiedad por aplicación del art. 20 b). Esa es una decisión autónoma de la misma comunidad, informa el recurrido.

La actora intentó revertir la sanción adoptada luego de un sumario administrativo en su contra, por la presunta adulteración de boletas para pedir reembolso de prestaciones médicas a un seguro. La magistratura indicó que la acción cautelar no es una instancia de apelación respecto de un acto administrativo que no es terminal, el que todavía puede ser impugnado por la recurrente ante la Contraloría General de la República.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del recinto asistencial que, tras haber practicado una primera operación en octubre de 2021, a la fecha no ha programado la segunda intervención para concluir el tratamiento.

La honorable se ausentó de las actividades obligatorias de la institución por más de 90 días sin presentar un motivo justificado, sosteniendo que las inasistencias se le deben perdonar por el mero hecho de ser Diputada de la República, argumento que no encontró asidero en la magistratura, que estimó que la sanción impuesta por Bomberos se ajustó a derecho.

Las obras que realiza el municipio lo son en el Parque El Trapiche más no al interior de la comunidad, de modo que corresponde a la facultad de administración que ejerce el recurrido sobre el bien municipal.

La recurrente sólo contaba con 3 cotizaciones antes de ser declarada inválida, por lo que no cumple el requisito objetivo establecido en el artículo 54 del D.L. Nº3.500, y la magistratura no puede reconocer un beneficio validando una ilegalidad, como en la especie, es no cumplir con las condiciones para el aporte adicional.

Pese a no ser socio el recurrente utilizaba subterfugios para “colarse” y utilizar indebidamente las instalaciones del club, llegando incluso a realizar su fiesta de cumpleaños en las dependencias, y luego de una denuncia anónima de algunos de sus socios, el club prohibió permanentemente el ingreso del actor al recinto privado, invocando su normativa interna y el derecho de admisión.

Las medidas disciplinarias, tales como la expulsión de un alumno, constituyen una medida de última ratio cuando se afectamente gravemente la convivencia escolar por lo que, previo a dicha determinación, es necesario tomar todas la medidas formativas y pedagógicas, respetando siempre el principio de proporcionalidad y gradualidad.

No existen derechos indubitados que tutelar por esta vía, presupuesto esencial de procedencia de esta acción cautelar y de emergencia.