La recurrente sólo contaba con 3 cotizaciones antes de ser declarada inválida, por lo que no cumple el requisito objetivo establecido en el artículo 54 del D.L. Nº3.500, y la magistratura no puede reconocer un beneficio validando una ilegalidad, como en la especie, es no cumplir con las condiciones para el aporte adicional.

Pese a no ser socio el recurrente utilizaba subterfugios para “colarse” y utilizar indebidamente las instalaciones del club, llegando incluso a realizar su fiesta de cumpleaños en las dependencias, y luego de una denuncia anónima de algunos de sus socios, el club prohibió permanentemente el ingreso del actor al recinto privado, invocando su normativa interna y el derecho de admisión.

Las medidas disciplinarias, tales como la expulsión de un alumno, constituyen una medida de última ratio cuando se afectamente gravemente la convivencia escolar por lo que, previo a dicha determinación, es necesario tomar todas la medidas formativas y pedagógicas, respetando siempre el principio de proporcionalidad y gradualidad.

No existen derechos indubitados que tutelar por esta vía, presupuesto esencial de procedencia de esta acción cautelar y de emergencia.

Dentro de los datos de carácter personal se encuentran, entre otros, el nombre, edad, sexo, estado civil, profesión, RUT, cuenta corriente, domicilio y teléfono. En razón de esto, su divulgación y tratamiento únicamente pueden ser efectuados cuando el titular consienta en ello o la ley lo autorice, lo que sin duda no ha ocurrido en la especie.

No es posible entender aquí ninguna ilegalidad o arbitrariedad que tenga el mérito de vulnerar el derecho de propiedad del recurrente, en tanto que, dependiendo del resultado final del sumario, las remuneraciones le podrán ser restituidas, pero siempre que ello sea procedente.

El recurrido, que instaló seis postes de madera deberá retirarlos dentro de 30 días al ser considerado dicho acto como uno de justicia por mano propia y deberá -además- abstenerse de realizar en el futuro acciones que entorpezcan el uso del camino de servicio.

No altera lo resuelto que la decisión del órgano administrativo se funde en una denuncia por maltrato laboral y acoso sexual, pues en tal caso se trataría de la ilegítima utilización de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” porque su verdadero fin consistiría en otro distinto de aquel perseguido por la norma.

No se vislumbra el cumplimiento del presupuesto de existir derechos indubitados si la actora alega que se le reconozca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre parte del inmueble lo que actualmente se discute en sede judicial, por lo que no es posible que sostenga exista vulneración del derecho de propiedad pues solo tiene una mera expectativa jurídica.

La AFP justificó su decisión de no liberar los fondos en que la recurrente aún no cumple 24 años, ya que tiene 23 años y podría matricularse para estudiar lo que la convertiría en beneficiaria de una pensión de gracia. La magistratura, en cambio, estimó que dicho razonamiento es arbitrario e ilegal y ordenó pagar los fondos solicitados por constituir la herencia de la actora.