Los hechos actuales constituyen la segunda vez que el funcionario es investigado por actos de violencia intrafamiliar, por lo que la decisión de la institución de separarlo de sus filas por conducta funcionaria impropia, se ajustó a derecho.
La recurrente acusó que el alcalde de la comuna decidió no renovar su contrata, en circunstancias que al llevar 10 años en ejercicio continuo del mismo cargo le asistía el principio de legítima confianza, por lo que el acto del edil careció de motivación suficiente y vulneró la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora.
La decisión, si bien es discrecional del Ejército, no es óbice para que sea carente de fundamentación, debido a que la única manera de privar de su rango a un oficial destacado es mediante sumario administrativo, o un proceso de evaluación que arrojara una calificación deficiente, ambas hipótesis que no concurren en la especie, por lo tanto, el actor debe seguir en la línea de mando.
El recurrente intentó revertir el acto recurrido acusando que para destituir a un funcionario es necesario contar con un informe previo de la COMPIN, que declare salud incompatible, no obstante, la magistratura estimó que los alumnos aspirantes del curso de oficiales de la PDI no son funcionarios públicos, por ende, pueden ser sujetos de la medida de expulsión por motivos de salud previo informe de la comisión médica de la policía, como ocurrió en la especie.
La Segunda Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, tras establecer que no existe vulneración de derechos fundamentales al rechazar la implementación del cruce solicitado y por corresponder la vista y resolución del asunto de marras a un proceso de lato conocimiento.
La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario de la recurrida que a cambio de la receta le entregó al cliente un vale o váucher con la prescripción, dosis y fecha del próximo despacho.
Si la recurrida estima ser titular de dominio sobre el retazo de terreno que reclama y sobre el que pretende construir, lo que procede es que prosiga la tramitación del juicio ordinario sobre acción reivindicatoria que inició, pero no que ejecute vías de hecho ni actos materiales en uso de una autotutela prohibida.
La conducta del Servicio no solo es ilegal, por no encontrar reconocimiento normativo, sino también arbitraria, pues carece de razones y fundamentos.
La recurrida se constituyó en una comisión especial, pues decidió cambiar el candado de la puerta de ingreso al piso 17 y consecuencialmente clausurar la entrada a la azotea del edificio de que se trata, al margen de un procedimiento racional y justo.
La materia en examen ha sido sometida a un procedimiento jurisdiccional que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos.
