La Administración para adoptar la decisión unilateral de imponer la resolución del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, debe garantizar al afectado los derechos al debido proceso y de defensa, mediante un procedimiento mínimo, que consiste en un requerimiento previo al contratista para que se pueda pronunciar sobre el incumplimiento que le endilga la entidad pública contratante, y defenderse del mismo.

El actor acusó que la falta de fiscalización del municipio incidió en la instalación desordenada de los feriantes, quienes ocupan toda la calle asignada, en circunstancias que sólo están autorizados a instalarse en la mitad de la calzada, lo que produce que cada día viernes, el afectado deba cerrar su cantera de áridos porque es imposible la circulación por el sector.

Tampoco hubo afectación a la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, sino que se trató de una forma extrajudicial que la recurrida empleó para reclamar sus derechos.

Se trata de adultos mayores, quienes, al estar en la cárcel, se incrementa el proceso degenerativo, más aún si muchos de ellos, tras las sucesivas penas que se les han impuesto, terminaran falleciendo en el establecimiento, como fue el caso de un interno, cuya muerte, por cierto, pudo ser evitable, ya que falleció por peritonitis por no haber sido derivado al centro de salud más cercano a pesar de que el pabellón no cuenta con consulta médica de ninguna especialidad.

Dentro de las garantías vulneradas están integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que cabe exigir a los servicios pertinentes la máxima diligencia en el desarrollo de sus labores, de forma tal que su tardanza o falta de coordinación no genere la perpetuación de las consecuencias perniciosas que se pretenden evitar.

La resolución denunciada como ilegal o arbitraria, no es sino una diligencia dentro de la tramitación de un procedimiento investigativo aún inconcluso. Recién ahora en ese procedimiento el recurrente puede hacer uso de su derecho a debatir las conclusiones y proposición primarias del Fiscal, presentar sus pruebas y, eventualmente, ejercer los recursos administrativos y legales que le asisten.

Una ciudadana venezolana presentó la solicitud el 1 de febrero de 2021, y a la fecha aún no se le ha dado respuesta, demora que la magistratura considero como arbitraria e ilegal al otorgar un trato diferente a la actora en relación con otros solicitantes en su misma condición, a los cuales sí se les ha brindado respuesta.

La magistratura estimó que la conducta del estudiante perjudicaba a la comunidad escolar, razonando que la desvinculación se ajustó a derecho y siguió todos los reglamentos internos y medidas disciplinarias progresivas para no vulnerar los derechos del niño, que se encontraba condicional en el recinto desde el año 2018.

La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.

No existe un derecho indubitado de los recurrentes que deba ser protegido a través de este recurso, en cuanto, además, la recurrida informa que este proyecto no está aún en ejecución y tampoco se ha dictado el acto administrativo que así lo disponga.