Corte de Chillán desestimó recurso que acusaba el bloqueo en el acceso de parte de los dueños del inmueble, luego de verificar que el predio no posee portones o barreras que impidan el acceso hacia las líneas de transmisión.
El Tribual de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido, el cual deberá acoger a tramitación la solicitud y resolver como en derecho corresponda.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la entidad pública al desconocer sus propias actuaciones y el tiempo que la alumna ha dedicado a la realización de la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública.
La Corte desestimó la alegación de que la cesión de derechos que le sirve de título a la actora era inválida por recaer sobre tierra indígena, la que debe ser conocida por el tribunal competente, en el procedimiento establecido el efecto y no a través de una acción de naturaleza cautelar y de emergencia.
El recurso de protección no es la vía idónea para calificar el mérito de la sanción impuesta, que fue determinada en el marco de las atribuciones disciplinarias del órgano recurrido, materia que queda fuera de la competencia de la Corte de Apelaciones.
La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.
El Banco se encontraba facultado tanto por el artículo 17 B letra b) de la Ley N° 19.496, como por la cláusula 13 del contrato respectivo, y por las circulares e instrucciones dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Se reitera la jurisprudencia que considera a la libertad de expresión como uno de los pilares de la democracia. Además, resalta que el actor participo del reportaje que considera difamatorio.
El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.
No fue la institución recurrida quien divulgó la información personal de la afectada. Sin perjuicio de eso, se ordenó tomar los resguardos para que, en lo sucesivo, los funcionarios de Gendarmería a cargo de investigaciones sumarias actúen conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.628.
