Lo anterior, sin perjuicio de resultar efectiva la denuncia que formula el actor en cuanto al contenido del material injurioso.
La magistratura resolvió que la Caja de Compensación Los Andes no puede descontar por planilla un crédito social, en circunstancias que no ejerció oportunamente dicho cobro en sede judicial en contra del deudor.
La magistratura ordenó al religioso no ingresar al lugar sin el permiso de la empresa dueña de la propiedad, debido a que la realización de cultos para los moradores de la toma incentiva el ingreso clandestino que el pastor además reconoció practicar cada semana.
La Universidad recurrida solicitó la documentación que acredite que el actor aprobó los ramos cursados en su anterior casa de estudios, requisito que no es excesivo y no es imposible de cumplir como esgrimió el recurrente, ya que dicha información puede ser obtenida del sitio web de la Superintendencia de Educación Superior.
Aun cuando la actuación de la funcionaria no corresponde a un acto administrativo terminal, de la lectura del acta de inspección, que contiene la decisión impugnada, se aprecia una suficiente fundamentación que hace alusión a los hechos por los cuales estima se configura la infracción por la cual se decreta la medida.
El litigio debe seguirse ante un juez civil mediante un juicio de lato conocimiento, debido a que las partes no poseen derechos indubitados y no existe vulneración de los derechos de la madre de los actores.
La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la omisión de la entidad pública constituye un acto arbitrario y discriminatorio.
No puede suponerse que la necesidad de requerir un informe previo a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en orden a determinar si la salud de un funcionario o funcionaria públicos es recuperable, introducida por la ley 21.050, sea un mero antecedente ilustrativo.
El máximo Tribunal estimó que la instalación de un portón por parte de la recurrida, es una vía de hecho para hacer justicia por mano propia, debido a la discordancia sobre si dicha franja es o no un camino de servidumbre, por lo tanto, mientras no exista una sentencia firme que lo ordene, la empresa no puede impedir que los recurrentes utilicen el camino para acceder a sus inmuebles.
En la especie, la negativa del Banco fundada en la información personal financiera del recurrente vulneró la igualdad ante la ley, así como el efecto rehabilitador del artículo 255 de la Ley Nº20.720, debido a que la actora desde el año 2022 volvió a recuperar la libre administración de sus bienes, por lo que no debió ser considerada por el recurrido como una insolvente.
