Los recurridos confirmaron sin más el fallo de base que acogió una excepción de incompetencia absoluta del tribunal, respecto de una demanda declarativa de relación laboral entre un médico y una Corporación Municipal, privando al galeno de su derecho a la tutela judicial efectiva y descartando tempranamente un asunto que debía ser conocido en sede laboral.

El acusado fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, cumpliendo la condena mediante una pena sustitutiva, situación que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó el cumplimiento efectivo del castigo en un recinto penal, no obstante, el máximo Tribunal dejó sin efecto aquella decisión al estimar que los ministros recurridos fallaron sin objetividad y en base a opiniones personales respecto del sentenciado, por lo que ordenó que el condenado cumpla la pena en libertad vigilada intensiva, para favorecer su reinserción.

La fecha en que la Inspección del Trabajo informa mediante la respectiva acta la renuncia a la etapa administrativa, es la que tiene valor al momento de computar los plazos de caducidad de las acciones en sede laboral, y no la fecha en que el trabajador expresó dicho desistimiento. Por lo tanto, la acción deducida por el quejoso no había caducado al momento de su interposición, resolvió la Corte Suprema.

El plazo de 30 días para reclamar en contra de una resolución de la DGA, debe computarse como plazo administrativo, y una vez ha sido admitido a tramitación por la magistratura, puede aplicarse la regla de los plazos judiciales que considera al día sábado como hábil, resolvió el máximo Tribunal.

El máximo Tribunal estimó que, según el artículo 370 del Código Procesal Penal, la resolución que ordenó trasladar de recinto penitenciario al amparado es apelable, al constituirse como un proceso diferente, a pesar de ser solicitada ante el tribunal de ejecución de la condena.

Si la información solicitada se encuentra en bases de datos, se cumple con la obligación de transparencia, en la medida que se entreguen esas bases de datos, no siendo obligación del servicio sistematizar la misma conforme la particular solicitud que haga el requirente.

La publicidad de dicha información afectaría el secreto industrial, y generaría un perjuicio económico a la farmacéutica reclamante, en los términos del artículo 21 Nº2 de la Ley de Transparencia.

Los ministros integrantes de una sala de la Corte de Talca -en un procedimiento de cumplimiento de sentencia- revocaron una resolución en alzada, y anularon todo lo obrado al estimar que existía un error en el nombre del demandado emplazado en juicio, pasando a llevar la autoridad de cosa juzgada de dos fallos previos que condenaron al mismo demandado en sede laboral a responder por los perjuicios causados a un trabajador producto de una enfermedad profesional.

El plazo de 60 días señalado en el artículo 168 del Código del Trabajo, puede ser interrumpido mediante la interposición de una medida prejudicial, por ende, los ministros recurridos vulneraron el derecho a tutela judicial efectiva del demandante al no dar lugar a la tramitación de la acción, dejándolo en la indefensión.

Según el artículo 506 ter del Código del Trabajo, tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511 de este Código, el inspector del trabajo respectivo autorizará, a solicitud del sancionado, y sólo por una vez en el año respecto de la misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por alguna de las modalidades que prevé la norma.