Acusan a la empresa de utilizar “algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina” de los jóvenes, que producen diversos daños en su salud mental. Presentaron diversos estudios para fundar sus alegaciones.
Se acusó a la compañía de no responder las consultas realizadas por la Comisión, relacionadas con el material de abuso infantil existente en la plataforma. Así, X no habría señalado el tiempo necesario que requiere para abordar los informes de material de abuso infantil y los métodos utilizados para detectar estos ilícitos.
No hay evidencia de que, previo al despido, la empleadora haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones como configurativas de una “pérdida de confianza” que hace imposible la continuidad de la relación laboral que perduró por casi 22 años, ni de que se le haya otorgado la posibilidad de efectuar un descargo antes de su desvinculación.
Se alega que TikTok viola la Ley de Prácticas de Ventas al Consumidor de Utah (UCSPA) al hacer que la aplicación sea adictiva para los niños con fines de lucro. También se le acusa de tergiversar aspectos relativos a la seguridad de su aplicación y la equidad de sus políticas.
Las publicaciones fueron además emitidas por un medio de comunicación local, que no ha sido recurrido y respecto del cual esta Corte no podría adoptar medida alguna.
Las leyes sometidas a escrutinio prohíben a las empresas de redes sociales censurar a los usuarios que expresan sus opiniones políticas, incluso si los estos violan las políticas de la plataforma en el ejercicio de sus derechos, lo que esencialmente limita la capacidad de las compañías para filtrar publicaciones que puedan ser consideradas ofensivas.
Los magistrados han dado la razón a Adeslas al entender que era una actividad que realizaba todos los días de forma habitual y constante, de manera que su jornada era destinada a otros cometidos ajenos a sus responsabilidades laborales, los cuales eran abandonados cuando subía los vídeos a Instagram.
El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.
La Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que las referidas publicaciones son ilegales al infringir los derechos a defensa, a la honra y dignidad de las funcionarias aludidas.
La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.
