Determinó que las acciones policiales estaban justificadas bajo la premisa de una “circunstancia apremiante”, señalando la urgencia de evitar que las drogas ingresen a la comunidad. La postura mayoritaria sostiene que las circunstancias específicas del caso, incluida la naturaleza potencialmente letal del fentanilo y la necesidad de actuar con celeridad, justificaron la omisión de una orden judicial.