El Tribunal Superior de Extremadura considera que los funcionarios poseen un vínculo contractual con la empresa, que va más allá del mero contacto entre cliente y distribuidor de un producto, por lo que ordenó el pago de sus beneficios de la seguridad social.
La capitalización mensual de intereses en la deuda es improcedente, porque estaba imposibilitada de desplegar una conducta distinta si la relación laboral se estableció en la sentencia.
No se distinguieron elementos distintivos de una relación laboral más allá del cumplimiento de reglas inherentes a la naturaleza del servicio que el demandante prestaba, atendido el contexto de un programa de televisión.
Los repartidores no disponen de organización empresarial autónoma, sino que están sujetos a directrices organizativas fijadas por la empresa.
Se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesite personalidad jurídica plena o patrimonio propio.
Aun cuando no se escriture un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, rige la presunción establecida en el artículo 8, que dispone: “Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo”.
Hubo entre las partes una relación regida por un contrato de prestación de servicios y las boletas de honorarios no develan que se hubiere tratado de una remuneración.
Por lo anterior, los servicios prestados no coincidieron con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N°18.834.
El tribunal de base determinó el carácter laboral del vínculo entre el demandante y el Ministerio de Obras Públicas.
El actor reconoció que no se encontraba sujeto a una jornada de trabajo, pudiendo decidir libremente cuando conectarse a la aplicación para realizar sus labores.
Debe tratarse de hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables.
