Al permitir la aplicación de las normas del Código del Trabajo a un funcionario público de la Universidad de Antofagasta, se obliga a la entidad educativa realizar una actuación ilegal respecto de la cual no existe autorización explícita.
Las labores fueron desarrolladas fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N°18.834.
Los actores no acompañaron medios probatorios que acreditaran la existencia de la relación laboral alegada.
Se tuvo por acreditado que la calidad de empleador era detentada por un tercero ajeno al juicio.
La acción se interpuso en contra de KVZ Gestión Inmobiliaria.
El actor prestó servicios bajo subordinación y dependencia.
En el caso concreto, no se vislumbra un conflicto de constitucionalidad como el denunciado en el requerimiento entre los artículos 3°, letras a y b), 7° y 8°, inciso primero, del Código del Trabajo y los artículos 6º, 7º, 19 Nº2, 38, 63 Nºs 2 y 14, 65, incisos primero, segundo y cuarto Nºs 2 y 4, y 100 de la Constitución
El tribunal presumió efectivas las alegaciones del actor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.
La prestación de servicios de la actora se ajustó a lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto Administrativo de funcionarios municipales.
La demandada invocó la conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato.
El tribunal determinó que no existió una relación laboral entre el actor y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
