Al permitir la aplicación de las normas del Código del Trabajo a un funcionario público de la Universidad de Antofagasta, se obliga a la entidad educativa realizar una actuación ilegal respecto de la cual no existe autorización explícita.

La sentenciadora determinó que la vinculación de las partes era de carácter civil.

La reclamante alega que no existe una relación laboral con los repartidores.

La contratación se enmarcó dentro de las facultades previstas en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Las labores fueron desarrolladas fuera del marco legal que establece el artículo 11 de la Ley N°18.834.

Los actores no acompañaron medios probatorios que acreditaran la existencia de la relación laboral alegada.

Se tuvo por acreditado que la calidad de empleador era detentada por un tercero ajeno al juicio.

La acción se interpuso en contra de KVZ Gestión Inmobiliaria.

El actor prestó servicios bajo subordinación y dependencia.

En el caso concreto, no se vislumbra un conflicto de constitucionalidad como el denunciado en el requerimiento entre los artículos 3°, letras a y b), 7° y 8°, inciso primero, del Código del Trabajo y los artículos 6º, 7º, 19 Nº2, 38, 63 Nºs 2 y 14, 65, incisos primero, segundo y cuarto Nºs 2 y 4, y 100 de la Constitución