Los fiscales requieren gozar de garantías de estabilidad laboral como condición elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus funciones. En este caso, la decisión de remover al Fiscal fue arbitraria, al no cumplir con las garantías del debido proceso, lo que configuró también una violación al derecho a la estabilidad laboral.
No corresponde resolver la remoción de un Alcalde a raíz de cualquier incumplimiento de deberes, dicho actuar debe causar un grave detrimento al patrimonio de la Municipalidad o transgredir de manera inexcusable la legislación.
La sentencia explica que, la desvinculación de la recurrente, de sus funciones habituales a contrata en la ANI, mediante resolución administrativa que lo decidió, no cumplió con los requisitos de motivación que exige la ley.
El recurrente arguye que no corresponde la impugnación deducida, dado que la resolución es inapelable, en tanto la naturaleza de ésta es la de un decreto, providencia o proveído.
El actor señala que, señala que, la conducta del requerido, tiene la apariencia de la figura delictiva del cohecho.
En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
La decisión se adoptó el 29 de diciembre de 2020 y de acuerdo a los procedimientos del artículo 13 de la Ley 21.067 se solicitó informe a la autoridad requerida para lo cual se otorgó un plazo de 15 días hábiles.
Los requirentes señalan que Lo relevante en la causal que se invoca es resguardar el cumplimiento de los objetivos y funciones del organismo en cuestión, más sancionar la mala intención. Por ello, la misma tampoco debe acreditarse.
La sentencia de TER señaló que, de los antecedentes allegados, no consta que el requerido haya ejercido un empleo en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor.
Los hechos que se han tenido por acreditados dan cuenta de una gestión desprolija, por parte del Alcalde, en cuanto a los resguardos y cuidados que deben adoptarse en la administración de fondos públicos.
En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
