El funcionario acusó a seis miembros del concejo municipal de vulnerar la igualdad ante la ley y el debido proceso, al someter a votación la remoción como uno de los puntos fuera de la tabla ordinaria. La magistratura puntualizó que el recurrente fue nombrado como funcionario a contrata el día anterior al cese del cargo, por lo que ambas funciones son incompatibles y la acción debe ser desestimada.
El Tribunal estableció que las irregularidades denunciadas no poseen la entidad suficiente para estimar que se produjo un desfalco a las arcas municipales.
El Tribunal estableció seis hechos sustanciales y controvertidos.
El Alcalde alegó ante el TER del Maule que los concejales no interpusieron el requerimiento por sí mismos, sino que le confirieron mandato judicial a un letrado que lo dedujo en su representación.
Concejales acusan que el Alcalde aprobó un viaje a Brasil que nada tenía que ver con el quehacer municipal.
Concejales acusan que el Alcalde no realizó la cuenta pública del municipio como obliga la ley.
La concesión de la medida cautelar, derivada del ejercicio concreto de la facultad general de cautela concedida a jueces y tribunales, sólo se justifica ante situaciones que se ajustan a sus supuestos específicos: la existencia de plausibilidad legal (fumus boni juris), por un lado; y la posibilidad de lesión irreparable o de difícil reparación (periculum in mora), por otra.
La concejala habría influido para que el municipio le pague a ciertos proveedores.
Durante su mandato como alcalde habría aprobado patentes comerciales a arrendatarios de locales de su propiedad.
El Tribunal Electoral Regional del Biobío le impuso la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el lapso de cinco años por no abstenerse en la toma de decisiones relacionadas con su pareja sentimental.
La totalidad de los consejeros regionales solicitaron su remoción por notable abandono de sus deberes e incurrir en faltas graves a la probidad.
