El máximo Tribunal ordenó a la Tesorería General y a un Banco respetar el límite al embargo de la remuneración, establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, y restituir los montos indebidamente descontados a la actora para satisfacer el pago de deudas de impuestos.
Trabajadores acogidos a licencia médica autorizada tienen derecho a la remuneración mientras mantenga la calidad de profesional de la educación dependiente de una Municipalidad o Corporación Municipal, no extendiéndose el derecho después del término de la relación laboral.
A través del principio de confianza legítima se busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que se lesionen sus derechos. Si una contrata se encuentra protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, a través del sistema de calificaciones o mediante un sumario administrativo.
Si el alimentante interesado no otorga la autorización respectiva, no resulta posible su contratación o renovación del vínculo.
La Sala del Senado respaldó la nómina enviada por el presidente de la República que considera a 5 comisionados que durarán en sus cargos entre seis y dos años.
Se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución.
Si bien el asunto tuvo dificultades operativas, debido a que exigió el nombramiento de conjueces, ello no justifica una tardanza de más de 21 años. Además, a lo largo del proceso se presentaron periodos de inactividad que no fueron justificados por el Estado y durante los cuales el afectado presentó diversas solicitudes de impulso procesal que no fueron atendidas.
La norma, enfocada en las remuneraciones del sector público, además, permite un ajuste de grados con el fin de mantener el orden jerárquico cuando los grados inferiores hayan alcanzado al superior, en términos de sueldo base, producto de reajustes diferenciados.
Otorga certeza jurídica a los trabajadores del Sistema de Educación Pública y a los órganos encargados de interpretar administrativa y judicialmente las normas sobre derechos económicos de los asistentes de la educación.
La decisión de la Municipalidad deviene en arbitraria e ilegal, puesto que aplica directamente, por su sola voluntad, un descuento en la remuneración de la actora.
La requirente alega que la aplicación de esta norma resulta discriminatoria, contraria a la igualdad ante la ley y atenta contra su patrimonio.
