Requerimiento de inaplicabilidad

Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que impide suspender el procedimiento principal mientras se resuelve el incidente de nulidad por falta de emplazamiento, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, a pesar de que el receptor judicial notificó la demanda en un domicilio que no le pertenece, el legislador privó a los incidentistas del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil de poder acceder a la suspensión del procedimiento principal y de todos los demás cuadernos hasta la completa resolución del incidente.

16 de febrero de 2024
Requerimientos de inaplicabilidad.

Normas que establecen el reajuste y el interés penal por no pago de cotizaciones previsionales, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, los principios de non bis in idem y de proporcionalidad y el derecho de propiedad, desde que a pesar de que existen otras sanciones por el incumplimiento en el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, el interés penal, que se asimila a la cláusula penal y al interés penal tributario, conduce a un enriquecimiento sin causa.

15 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Municipalidad de Maipú impugna norma ante el Tribunal Constitucional que le impide actuar como querellante en causa criminal seguida en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga luego de que el CDE ejerciera la acción penal.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.

15 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad, desde que no limita la intangibilidad del contrato en el íter contractual, cuando ciertas obligaciones de una convención trasgreden el principio de buena fe, rompiendo el equilibrio económico contractual y la cooperación entre los contratantes.

14 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que permite notificar demanda y requerir de pago en juicio ejecutivo a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar en el que trabaja el demandado, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que permite al receptor judicial notificar la demanda y el mandamiento en un domicilio en el que no reside ni ejerce profesión o industria sólo porque se le manifestó que, si bien no se encontraba en el domicilio sí se encuentra en el lugar del juicio.

14 de febrero de 2024
Requerimientos de inaplicabilidad.

Normas que permiten declarar a dos o más empresas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá hacerse cargo de obligaciones laborales y previsionales que no le corresponden al haber sido considera con la empresa empleadora como un solo empleador.

13 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que establece que el monto de la fianza de resultas se fija a satisfacción del tribunal, de plano y en única instancia, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que no existen parámetros objetivos y proporcionales, que permitan otorgarle una función de garantía efectiva, distintas a la mera satisfacción del tribunal, la que, por cierto, se fija sin escuchar a la defensa, en cuanto se encuentra autorizado para resolver de plano.

12 de febrero de 2024
Recurso de amparo rechazado con voto en contra.

Juzgado de Garantía tiene la atribución de despachar orden de detención en contra de imputado que no comparece a audiencia de preparación de juicio oral, resuelve Corte de Concepción.

El certificado médico por ansiedad y trastorno del sueño que presentó no es causa suficiente para ausentarse de la audiencia. Mientras el voto en contra refiere que la comparecencia del imputado a la audiencia de preparación de juicio oral no resulta necesaria ni constituye un requisito de validez, de manera que la orden de detención aparece desprovista de razonabilidad.

12 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que establece que tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda de derechos municipales emitido por el secretario municipal, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que permite que el acreedor genere unilateralmente y sin la intervención del demandado títulos ejecutivos respecto de obligaciones que no existen, adicionando, intereses desproporcionados.

12 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Norma que condiciona el pago de las obligaciones de la Caja de Ahorros y Préstamos asumidas por el Fisco a la publicación del derecho que apruebe la cuenta, se impugna ante el Tribunal Constitucional.

Alegan que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, el principio de servicialidad del Estado y el derecho de propiedad, desde que constituye una verdadera confiscación de los montos ingresados a las distintas asociaciones de ahorro y préstamo y que no han sido devueltos a sus legítimos propietarios

11 de febrero de 2024
Páginade 22