El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso y el derecho de propiedad, desde que, a pesar de tenerse por establecido que los bienes son de su propiedad, y que no tiene participación alguna en el delito, la sentencia dictada en contra de los imputados decretó el comiso de los vehículos utilizados en los hechos delictuales.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de servicialidad, de reserva legal en materia tributaria, el derecho a tributos justos, como también el derecho a que los beneficios que defina el legislador sean siempre razonables, desde que le genera una situación tributaria desproporcionada e injusta, en cuanto paga más de lo que debe.

La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que, el llamado a conciliación no puede ser considerado como la última gestión útil, sino que debe tenerse en cuenta la solicitud de nuevo día y fecha para dicha audiencia.

La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente el debido proceso, desde que a pesar de que la contraparte había cumplido la anticipación de dos días para anunciar el alegato por vía remota, y con ello encontrarse los medios en el tribunal para escuchar los alegatos por esa vía, se le privó el derecho de recurrir el fallo por haberse anunciado el día anterior de la vista de la audiencia.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, al establecerse una nueva causal de extinción del dominio de las concesiones mineras, la que, por cierto, no está contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, se le priva ilegítimamente del dominio que tiene sobre sus pertenencias mineras.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la presunción de inocencia y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, en el que se regula en forma detallada los requisitos para que el tribunal acceda a medidas cautelares, el precepto impugnado sólo exige que la víctima acredite su dominio con un certificado para tal efecto.

Alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad, como así también el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, desde que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.121, se aumentó ostensiblemente el marco punitivo de los delitos.

Es un error considerar como premisa irredargüible que toda vulneración de un derecho fundamental da derecho a una indemnización. Esa interpretación no es correcta, pues confunde el contenido constitucional del derecho con los efectos pecuniarios posibles de su vulneración, refiere el voto disidente.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de seguridad jurídica al no permitirle alegar el abandono del procedimiento a pesar de que han transcurrido casi 8 años desde la última gestión realizada por el ejecutante.

También participa el Congreso y los ministerios de Energía y de Ciencias, por lo que por primera vez se incorporarán a estos planes representantes de los tres poderes del Estado.