El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, los principios de non bis in idem y de proporcionalidad, y el derecho de propiedad, desde que el interés penal conduce a un enriquecimiento sin causa lo que genera inevitablemente un extremo sobrendeudamiento al demandado.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y los principios de servicialidad del Estado y de seguridad jurídica, desde que excluirla para poder celebrar contratos con la Administración Pública le impedirá recibir la subvención del Estado como sostenedora de una escuela.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que a pesar de que la demandante está en un estado de igualdad con todos aquellos que pueden demandar en sede laboral por una situación que deriva de normas previsionales o de seguridad social, se le excluye de manera arbitraria de tal jurisdicción, que es eminentemente más favorable que la vía civil ordinaria.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y de inexcusabilidad, desde que se le impide al tribunal de alzada suspender los efectos de la sentencia definitiva.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y los principios de seguridad jurídica y de inexcusabilidad, desde que se le priva del derecho a ser oído, esto es, reclamar la inoponibilidad de la sentencia, en cuanto el incidente de nulidad procesal fue rechazado in límine.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que la resolución que se pronuncia sobre las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción sólo es apelable cuando son acogidas, es decir, sólo se podrá interponer recurso de apelación si la resolución del tribunal no beneficia al demandante.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que, si bien de acuerdo al procedimiento aparece que fue notificada de la demanda, lo cierto es que dicho domicilio no es del demandado, por lo que impedirle recurrir en contra de la resolución que desestimó el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento carece de racionalidad y de justicia.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, ya que el legislador no le entregó la competencia a los Tribunales ordinarios en materia laboral para reconocer la existencia de relación laboral de funcionarios regidos por un estatuto de derecho público.

No vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso. La parte requirente yerra al asumir que la discusión de la existencia de una relación laboral es incompatible con la aplicación del artículo 162, y que además de esto se derivaría alguna inconstitucionalidad.