El requirente alega que la norma legal objetada infringe la irretroactividad de la Ley penal, la libertad personal y seguridad individual, la igualdad ante la ley, al impedir las prescripciones totales o graduales conforme a las reglas del Código Penal, en circunstancias que, si no se hubiese aplicado el precepto impugnado, los hechos habrían prescrito en 1985 y 1996, desde se le imputó la participación por hechos cometidos en los años de 1973 y 1981.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que si bien el espíritu del legislador es excluir las expresiones de machismo y otros atavismos culturales de las atenuaciones posibles, lo cierto es que en el caso en concreto el acusado le provocó la muerte a su cónyuge para defenderse.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso racional e injusto, desde que le impidió a la demandada rendir prueba procesalmente ofrecida en tiempo y forma para efectos de poder contar con más y mejores medios que permitieran la sustanciación del procedimiento.

Alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que le impide enervar la demanda acreditando que no concurre la causal invocada por el actor por no ser efectivos los hechos invocados en sustentos de la misma, ya que el estado de cesación de pagos es falso, en cuanto son productos de fraudes y engaños ejercidos por los hermanos Sauer, quienes utilizaron FACTOP y otras compañías para crear un mecanismo ilegal de financiamiento.

Excluir el testimonio de personas que pueden haber tenido una participación directa en los hechos puede tener, además, una incidencia decisiva en la actividad jurisdiccional al impedir al juez poder ponderar sus declaraciones, fundado únicamente en la presunción subjetiva de su falta de imparcialidad, criterio anacrónico y carente de razonabilidad para sustentar una restricción que pugna abiertamente con la garantía de un justo y racional juzgamiento, refiere el voto en contra.

La exigencia de un monto en dinero como antecedente necesario e ineludible para acceder a la justicia constituye un elemento que pugna con las garantías constitucionales del sancionado, refiere el voto en contra.

Si hay alguien a quien exigirle que asuma la responsabilidad paterna en estos casos no es a quien erróneamente ha reconocido a un hijo(a) que no es suyo, sino que, al verdadero padre, esto es, al biológico, refiere el voto en contra.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el principio de juridicidad y la supremacía constitucional, el debido proceso y el derecho a un juez natural, desde que se atribuye a los jueces laborales una competencia no otorgada por el legislador, en cuanto se traslada una relación de Derecho Público al Derecho Privado que se encuentra regulado en el Código del Trabajo.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe igualdad ante la ley, el acceso a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de propiedad y la seguridad de que los preceptos legales no pueden afectar los derechos en su esencia, al no poder fundar su demanda de oposición en su calidad de poseedor inscrito del inmueble desde que la peticionaria sostiene que se le prometió vender parte del bien raíz.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, particularmente, el debido proceso, ya que deja sin aplicación el régimen de recursos que al litigante en cualquier otro proceso se le reconoce