La requirente alega que infringe la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, desde que no existe fecha cierta para que la Cooperativa le devuelva las cuotas de participación que enteró.

Martín Pradenas obtuvo en el segundo juicio una condena inferior, por lo que la DPP no logra explicar por qué se podría configurar un conflicto a nivel constitucional, o bien una discriminación arbitraria o una infracción al derecho a defensa.

Si bien el requerimiento plantea un conflicto de constitucionalidad, carece de fundamentación razonable, por lo que la suspensión del procedimiento de remoción en contra de Krist Naranjo, Gobernadora de la región de Coquimbo, queda sin efecto.

Lo impugnado no es uno o más preceptos legales que, en su aplicación en una gestión pendiente produzcan un resultado contrario a la Constitución. Al contrario, se cuestiona la decisión adoptada por la Corte Suprema al rechazar un recurso de reposición que se vincula, a su vez, con la sustanciación de un recurso de revisión desestimado.

La aplicación de las penas sustitutivas de aquellas privativas de libertad no es sinónimo de impunidad. De hecho, éstas tienen el carácter de pena y operan con una intensidad importante. Tienen el carácter de penas en cuanto restringen la libertad personal y tienen por objetivo el control de las personas condenadas, su reinserción social y no reincidencia. Pena sustitutiva.

Mediando una parte vencedora en juicio que se encuentra en fase de hacer ejecutar lo juzgado, que ese cumplimiento se realice es el objetivo prioritario del legislador a la hora de diseñar un debido proceso ejecutivo, siendo, en consecuencia, particularmente incompatible con la procedencia ilimitada de excepciones. Así, el debido proceso ejecutivo laboral es eficaz para la verificación del cumplimiento.

No hay la indefensión pues se aplicó el principio del doble conforme. Tuvo la oportunidad de que, ante un tribunal diferente, con una integración de jueces distinta, pudiese probar su inocencia (presunción o estado de inocencia). La ley le permitió entonces al requirente ejercer su derecho a defensa, sin impedir la debida intervención de su abogado para hacer valer sus alegaciones, como de hecho sucedió.

Las infracciones a la LGUC, a su ordenanza general e instrumentos de planificación territorial se sancionan con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

No corresponde calificar las “bondades” de las normas, solo resolver si se ajustan a los preceptos constitucionales, para así no inmiscuirse en el “ejercicio de la función pública” que cabe al Congreso. Las apreciaciones del mérito y oportunidad que llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa corresponden al legislador.

Al permitir sólo al Ministerio Público recurrir de apelación se afecta el derecho a defensa del imputado, dispensa un trato desigual, injustificado, consagra un privilegio procesal, vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos y la exigencia de un procedimiento racional y justo.
Atenta contra el contra el Principio de Igualdad en desmedro del imputado, que queda impedido de ejercer sus derechos en el proceso penal.